Exigen detener expansión del puerto de Manzanillo, denuncian simulación en consulta pública

Diversas organizaciones civiles, pescadores, salineros y ciudadanos exigen la suspensión inmediata del proyecto de expansión del puerto de Manzanillo, que  contempla construir nueva infraestructura portuaria en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, hasta contar con información completa, verificada y accesible.

Lo anterior a través de un posicionamiento leído por Luis Miguel Ramos Lugo, representante de la sociedad cooperativa Salineros de Colima, quien expuso el rechazo al proceso de consulta pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de expansión, señalando que se trata de una simulación de participación, plagada de irregularidades y carente de transparencia.

AFECTACIONES DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN 

Con la expansión del puerto serán taladas 1,165 hectáreas de manglares y plantas para poner áreas de atraques de buques, patios de almacenamientos de contenedores y edificios aduanales. Además los salineros están preocupados pues serán afectadas más de 1,500 familias que producen sal, pues el agua de la laguna es el elemento base para su producción. 

En el sector económico, en la comunidad de Cuyutlán, municipio de Armería, más de 120 familias que dependen del comercio local y las ramadas podrían enfrentar graves afectaciones debido al deterioro del ecosistema, advierten que los daños ambientales podrían agravar los impactos durante el paso de fenómenos naturales.

El daño también impactará a los apicultores de Armería, Tecomán y Manzanillo, que tienen sus colmenas alrededor de esta zona. 

 La mayor carga de impacto ambiental es en el agua con 655 puntos, seguido del suelo con 457 puntos y del aire 396 puntos derivado del dragado, relleno, modificación del relieve y generación de emisiones derivadas del movimiento de maquinarias, vehículos y buques.  

LA CONSULTA PÚBLICA ES EXCLUYENTE 

Los firmantes acusan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de llevar a cabo una consulta excluyente, fallida y discriminatoria, realizada únicamente en modalidad digital, lo que ha impedido la participación de sectores directamente afectados como pescadores, agricultores y adultos mayores sin acceso a internet ni herramientas tecnológicas.

Además de las barreras tecnológicas, se han documentado fallos constantes en la plataforma de la SEMARNAT, como errores al registrar comentarios, pérdida de información y restricciones para subir documentos, lo que limita gravemente la participación ciudadana efectiva.

Denunciaron que representantes de la Secretaría de Marina citaron a líderes pescadores y salieneros para extorsionarlos e intentar sobornarlos, impidiendo que las personas interesadas puedan ir libremente a solicitar información.

Las organizaciones también señalaron que las obras de dragado comenzaron en enero de 2025 sin contar con autorización en materia de impacto ambiental ni haber realizado una consulta pública previa, violando la legislación vigente. Este hecho fue incluso anunciado oficialmente por el Gobierno de México, lo que demuestra que las decisiones ya estaban tomadas antes del proceso participativo.

"Todo apunta a que las instituciones están acelerando los tiempos deliberadamente para facilitar el avance de la obra, sin garantizar el derecho a la información, ni a la participación ciudadana".

Otro de los señalamientos más graves es la fragmentación artificial del proyecto, que divide el megaproyecto en varias MIAs separadas para evadir una evaluación integral.

Asimismo, los estudios presentados omiten información crítica como el manejo de residuos, el aumento del tráfico de tráileres, el suministro de agua, las consecuencias en la pesca, la contaminación y los efectos acumulativos sobre las comunidades y el medio ambiente.

Denunciaron que ya existen licitaciones publicadas para iniciar obras en noviembre de este año, disponibles en la plataforma de Compranet del Gobierno de México, con fechas estimadas de inicio el 22 de noviembre, lo que confirma que el proceso de consulta es meramente un trámite por cumplir, pues las decisiones ya han sido tomadas y los contratos avanzan mientras la ciudadanía ni siquiera ha podido participar plenamente.

Durante la única reunión pública realizada el pasado 2 de octubre, las autoridades se limitaron a exponer aspectos técnicos del proyecto, sin explicar impactos sociales ni ambientales ni medidas de mitigación.

Incluso se reconoció que la MIA solo cubre la fase de construcción, no su operación futura, lo que deja fuera la mayoría de los impactos reales.

Ante este panorama, las organizaciones exigen a la SEMARNAT:

• La suspensión inmediata del proyecto hasta contar con información completa, verificada y accesible.
• La no aprobación de la MIA, mientras no se resuelvan los impactos acumulados de la primera expansión del puerto.
• Un nuevo proceso de consulta pública, presencial, inclusivo y transparente.
• Que se hagan públicas todas las observaciones ciudadanas recibidas en la plataforma.
• También denunciaron intentos de cooptación y amenazas a líderes sociales por parte de representantes de la Secretaría de Marina, quienes habrían intentado sobornar a pescadores y salineros para acallar la oposición al proyecto.

"Este proceso no es solo un trámite: está en juego nuestra vida y la de las futuras generaciones", advirtieron los firmantes, reiterando su oposición a la expansión del puerto de Manzanillo mientras no se respeten plenamente los derechos sociales, ambientales y humanos de las comunidades afectadas.