¿Qué son las líneas de pobreza que medirá el Inegi?

Desde el 17 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asumió las responsabilidades que hasta ahora correspondían al desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales en México

Esta transición marca un cambio importante en cómo se recopila y difunde la información sobre pobreza en el país, un tema crucial para diseñar estrategias efectivas de desarrollo.

El Inegi informó que continuará publicando las Líneas de Pobreza por Ingresos, incluyendo la Línea de Pobreza laboral, que permiten conocer la evolución del costo de la canasta básica alimentaria y la extendida, así como la proporción de personas que no pueden cubrir estos gastos, aun cuando combinan ingresos laborales, apoyos gubernamentales o ayuda familiar.

La pobreza laboral, por su parte, se refiere al poder adquisitivo real de los salarios, contemplando a quienes tienen ingresos inferiores al costo de esa canasta básica.

Para garantizar la continuidad y mantener la comparabilidad con los datos históricos, el Inegi seguirá utilizando la metodología del Coneval, que ha sido aplicada desde 2008 para medir la pobreza desde una perspectiva multidimensional

Debido a la desaparición del Coneval y a la consecuente falta de publicaciones recientes, el 11 de agosto se darán a conocer actualizaciones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio. A partir de ese momento, las Líneas de Pobreza por Ingresos serán difundidas mensualmente entre el 11 y el 13 de cada mes, mientras que la pobreza laboral tendrá un ritmo trimestral, con la primera publicación prevista para el 27 de agosto, cubriendo datos del segundo trimestre de 2025.

Este cambio surge tras la aprobación en noviembre de 2024 de una controvertida reforma constitucional que eliminó varios organismos autónomos, incluido el Coneval, transfiriendo sus funciones a dependencias del gobierno federal.

La reforma, promovida inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta actual Claudia Sheinbaum, fue aprobada en el Senado con 86 votos a favor y 40 en contra, generando un debate sobre la autonomía y el papel de estas instituciones en el país.