Empresas fantasma aumentan en México, la recaudación peligra

En lo que va de 2025, 184 empresas en México fueron detectadas simulando operaciones ante el fisco, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Estas compañías "emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes", explica el SAT.

Una tendencia que se revierte

El dato de 2025 ya supera el total de 2024, cuando se detectaron 140 empresas de este tipo.

Además, el acumulado enero-julio de 2025 es el más alto desde 2022, rompiendo la tendencia a la baja que se había mantenido desde 2020, tras el inicio de la pandemia.

Para ponerlo en contexto:

• 2019: 2,202 empresas notificadas.

• 2020: 935 casos.

• 2021: 1,145 casos.

• 2022: 145 casos.

• 2023: 38 casos.

Solo en los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se detectaron 223 empresas, mientras que, desde 2019, el SAT ha acumulado un total de 4,789 compañías que simulaban operaciones

Empresas no se deslindan

Los contribuyentes señalados en 2025 fueron notificados entre el 24 de enero y el 11 de julio, con 15 días hábiles para presentar pruebas o alegatos. Ninguna de las más de 140 empresas pudo demostrar que sus operaciones eran legítimas.

El Código Fiscal Federal, artículo 69-B, establece que la autoridad debe permitir que los contribuyentes aporten documentación para desvirtuar los hechos. Sin embargo, en este periodo solo cuatro empresas lograron demostrar que no eran fantasma.

Como consecuencia, el SAT deja sin efectos todos los comprobantes fiscales emitidos por estas empresas, así como cualquier operación relacionada mientras se mantuvieron en funcionamiento.

Las empresas fantasma se utilizan comúnmente para lavar dinero o evadir impuestos, afectando directamente la recaudación del país y la transparencia de la economía. La detección y sanción de estas compañías es clave para garantizar que los contribuyentes cumplan con la ley y que los recursos públicos se utilicen de manera correcta