Plaguicidas mortales: el problema que México no quiere ver
CDMX
Fecha: 30-10-2025
La organización Greenpeace México acusó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de cerrar de manera inconclusa la Recomendación 82/2018, relacionada con el uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), y de reducir los estándares de protección al medio ambiente y la salud en el país
Según Greenpeace, el 29 de agosto de 2025 la CNDH notificó el cierre del expediente al considerar cumplidas las acciones recomendadas a la SEMARNAT, pese a que -a juicio de la organización- persisten pendientes fundamentales, como la definición legal de los PAP y la homologación de normas y reglamentos sobre su regulación.
La agrupación ambiental sostiene que la decisión fue tomada sin que existan avances reales en las medidas ordenadas por la propia CNDH en 2018, cuando reconoció la violación de los derechos humanos al agua, la salud, la alimentación y un medio ambiente sano, debido a la falta de control estatal sobre el uso de plaguicidas de alta toxicidad.
Greenpeace México interpuso un recurso de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el fin de revertir la conclusión del caso. No obstante, el 27 de octubre, el juzgado desechó la demanda, dejando sin efecto el reclamo de la organización.
En respuesta, Carlos Samayoa, coordinador de la campaña México al grito de ¡Selva!, anunció que se presentará un nuevo recurso legal. "Los intentos por desalentar la defensa del derecho a un medio ambiente sano no nos frenarán", declaró
Riesgos ambientales y sociales
De acuerdo con Greenpeace, México permite el uso de alrededor de 200 plaguicidas prohibidos en otros países, lo que sigue afectando a comunidades rurales, suelos, cuerpos de agua y biodiversidad.
La organización considera que el cierre del caso por parte de la CNDH constituye una omisión grave, ya que impide avanzar hacia un cambio estructural en el modelo agroindustrial que depende de químicos tóxicos.
"Necesitamos que las autoridades cumplan su deber de proteger la vida, el agua y los territorios, no con simulaciones burocráticas, sino con acciones concretas y verificables", concluyó Samayoa
