¿Qué es la Guardia Nacional y cómo funciona en EU?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de 4 mil soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles tras las protestas del pasado 6 de junio contra las redadas migratorias.
La decisión se dio sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, quien denunció que la medida es ilegal y representa una concentración de poder sin precedentes en la Casa Blanca.
El despliegue reavivó el debate sobre la militarización del país y el uso de tropas federales en situaciones de protesta civil. Esta es la primera vez desde 1965 que un presidente moviliza a la Guardia Nacional sin el aval del gobernador del estado. Newsom calificó la acción como parte de una "guerra calculada" con fines políticos más allá de la contención de disturbios.
La Guardia Nacional es una fuerza de reserva compuesta por voluntarios que normalmente actúan bajo las órdenes de los gobernadores estatales. Sin embargo, Trump activó el Título 10 del Código de Estados Unidos, lo que le permitió asumir el control de los efectivos en California y convertirlos en una extensión del Ejército federal.
Este martes, un tribunal de apelaciones analizará si el Ejecutivo tenía facultades para tomar esta decisión. La audiencia podría sentar un precedente sobre los límites del poder presidencial y la autonomía de los estados ante emergencias civiles.
Según la Ley Posse Comitatus de 1878, los soldados federales no pueden intervenir en actividades policiales como arrestos o redadas dentro del territorio nacional, salvo autorización expresa del Congreso. Por esa razón, los efectivos desplegados solo tienen permitido proteger edificios y funcionarios federales, aunque su presencia ha complicado el trabajo de la policía local, según denunció la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.
La tensión crece ante la posibilidad de que Trump invoque la Ley de Insurrección, vigente desde 1807, lo que daría al Ejército autorización para actuar directamente contra los manifestantes. Si eso ocurre, los más de 4 mil 700 soldados en Los Ángeles podrían tener facultades para detener y dispersar a los civiles, una medida que marcaría una escalada grave en la intervención federal.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles han pedido al Congreso que revise los límites del poder presidencial en contextos de protesta, señalando que este tipo de acciones pone en riesgo los derechos constitucionales y el equilibrio de poderes dentro del país.