¿Quién manda en el espacio público?

En México hay leyes que regulan los espacios públicos, aquellos que compartimos todas las personas. La mayoría son responsabilidad de los ayuntamientos, pero también hay otros bajo resguardo estatal o del gobierno federal, ¿qué tipo de leyes hay para normar el uso y disfrute de estos sitios compartidos?

El 22 de febrero de 2022, se publicó la norma oficial 001 de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, que busca regular la disposición y uso del espacio público, pensados para ciudadano, pero que se vuelven botín de intereses.

Héctor Karim Carvallo Delfín, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del Estado de México reconoce que "a través de distintas organizaciones, comerciales, sindicatos, llámese como se llame, le dan un uso comercial, para establecer locales, restaurantes, taquerías, negocios de toda índole, violentando la imagen pública, violentando el andar de los propios ciudadanos".

Esta norma define tipos de espacios públicos según su uso y de acuerdo al nivel de autoridad que es responsable.

La mayoría están bajo la responsabilidad de los ayuntamientos y alcaldías, que deben establecer reglamentos conforme a las leyes de desarrollo urbano que aprueben los congresos locales.

Y son las mismas leyes las que establecen sanciones contra cualquier persona funcionaria pública que permita, solape, consienta e inclusive sea cómplice y copartícipe en el uso indebido e irregular de parques, jardines, banquetas, plazas y demás espacios que deben ser abiertos a la ciudadanía.

"Hay un órgano superior de fiscalización para el tema financiero, hay contralorías, hay fiscalía en contra de servidores públicos que hagan actos en contra de la ley; a quien violente la ley, a quien abuse de la autoridad o que inclusive sea ignorante y tenga desconocimiento de sus obligaciones, tendrá que someterse a lo que determine la norma", dijo Héctor Karim Carvallo Delfín, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso mexiquense.

Aunque hay ejemplos de complicidad oficial como restaurantes en colonias como Condesa y Roma en Ciudad de México o la renta de banquetas para el comercio ambulante al rededor del Palacio Nacional, pero que se repite en cualquier ciudad del país.

Anarquía y ausencia de autoridad

A pesar de que hay leyes, hay grupos de interés que aprovechan ciertos vacíos o ciertas complicidades, para adueñarse de las calles, de parques y jardines y generan conflictos con la población, ante la complacencia de autoridades.

"Tenemos que enfrentarnos, no porque queramos, sino porque estamos haciendo nuestro trabajo, con vecinos, con transeúntes, con otras formas de transporte, porque estamos parados en la calle, en la vía pública", dijo A decir de Saúl Gómez, vocero de la organización "Repartidores unidos de México".

Estos testimonios son parte de la realidad que cada día se vive en el espacio público, en las calles, parques, jardines y plazas que se han convertido en botín para algunos o en patrimonio exclusivo para otros.

Desde comerciantes ambulantes y los famosos "franeleros" que controlan lugares de estacionamiento en las ciudades, hasta habitantes de colonias y fraccionamientos que se adueñan de parques públicos y en el peor de los casos, grupos criminales que al amparo de alguna autoridad, establecen alianzas con organizaciones para apoderarse de lo que de acuerdo con la ley, es espacio abierto para todos.

La pandemia por COVID 19 contribuyó a la transformación del espacio público y las autoridades permitieron que establecimientos mercantiles y restaurantes pudiesen utilizar las banquetas para ofrecer sus servicios y para hacer entregas para servicios de reparto a domicilio, a fin de reducir el riesgo de contagio.

Sin embargo, a tres años de que se levantó la emergencia sanitaria, los restaurantes siguen teniendo mesas y hasta techados en las banquetas y sus estaciones de entrega, convirtiendo a las calles en zonas donde el peatón pasó al último lugar de la preferencia.

"Hemos hablado en la cámara de diputados federal sobre la necesidad que tenemos respecto a cómo ir construyendo y pacificando, por llamarlo así, la convivencia entre repartidores y la ciudadanía", dijo el trabajador de aplicación, Saúl Gómez.

Y el caso extremo es cuando grupos del crimen organizado que se apropian del espacio público para ampliar sus redes de extorsión.

Al respecto, el diputado mexiquense Héctor Karim Carvallo Delfín reconoció que "algunas organizaciones se han vinculado con grupos criminales y esto agudiza la peligrosidad para hacer esos operativos; de pronto viene la autoridad, hace un operativo como antes se podía hacer de remoción de los locales y resulta que de repente aparecen personajes con armas largas".

Autoridad omisa y cómplice

Y las autoridades no sólo son omisas en garantizar el correcto uso de los espacios públicos, a veces son las mismas autoridades las que imponen reglas para afectar intereses de la población, de comerciantes, de personas que necesitan trabajar en las calles.

El 11 de octubre de 2019, la entonces presidenta municipal de Metepec, Estado de México, Gabriela Gamboa anunció que donaría una hectárea de un parque público para construir un cuartel de la Guardia Nacional.

Habitantes de diferentes colonias y organizaciones tomaron el parque "La Pilita" por ocho meses para impedir el ingreso de cualquier autoridad que pretendiera arrebatarles este espacio.

A finales de abril de 2025, habitantes de Cajeme, Sonora, acusaron a una organización denominada fundación Proser de cobrar hasta 800 pesos para poder realizar eventos y fiestas en el parque "los pioneros", con el argumento de que esos recursos se destinarán para obras de mantenimiento del mismo parque, que está bajo responsabilidad del ayuntamiento.

Parte de las acciones u omisiones vuelven cómplice a la autoridad del uso indebido del espacio público, de los parques, plazas y banquetas.

"Hacer genera caos a veces, pero es peor dejar de hacer; el dejar de hacer lo único que contribuye es al desorden, es al crecimiento de esta anarquía como tú lo acabas de decir, es que cada vez el ciudadano tenga que estar caminando por el arroyo vehicular o a medio carril, porque ya están todas las vialidades saturadas", dijo el diputado Karim Carvallo, quien antes fue presidente municipal de Cuautitlán, Estado de México.

O cuando quieren cobrar, como en Ciudad de México, donde el gobierno pretende imponer un impuesto a aplicaciones de transporte, reparto y mensajería.

"Nos dice que va a ser un cobro del dos por ciento por aprovechamiento del espacio público a plataformas digitales; le quiere cobrar por utilizar las calles a las plataformas", denunció Saúl, vocero de "Repartidores unidos de México".

O bien, las autoridades se asocian con las mafias que controlan las calles.

"Les es más fácil entregarle el área de comercio a uno de esos grupos que doblega, para ellos no meterse en problemas, se lo entregan y de pronto empiezan a proliferar locales, changarritos por la vía pública, por la banqueta, ciclo vía y el alcalde, alcaldesa ya no quiere problemas y soluciónenlo con uno de su propia raza", según el diputado Carvallo.

Y eso, sin omitir otras formas de corrupción.

"Las autoridades han dado cajones de estacionamiento color azul y en ocasiones algunos oficiales en búsqueda, imaginamos de un sustento extra a su salario, mueven las motos de los compañeros y las dejan fuera del cajón, para poderlos infraccionar o para poderlos subir a la bestia", dijo Saúl Gómez.