Siete horas de discusión y no aprueban la Ley de Amparo

Luego de seis horas de discusión en lo particular, la Cámara de Diputados se prepara para aprobar la reforma a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Con 345 votos a favor 131 en contra y tres abstenciones fue aprobada en lo general, pero llama la atención que la morenista y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero y los petistas Greycy Marian Durán Alarcón y Javier Vázquez Calixto, votaran en contra; así como el voto en contra de la petista Martha Aracely Cruz Jiménez y de la integrante del Partido Verde Ana Erika Santana González.

Sólo serán aceptadas tres modificaciones, una al primer artículo transitorio para eliminar la retroactividad de la ley, una modificación al artículo 128 relativo a la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo y el 129 que regula las condiciones en que no debe otorgarse el amparo.

Julio César Moreno, diputado de Morena y presidente de la comisión de justicia, hizo la presentación de la reserva "proponemos eliminar el concepto confuso de interés público que resulta ajeno al espíritu y a la historia de la Ley de Amparo. Éste término podría abrir la puerta a interpretaciones amplias o discrecionales que permitan al juzgador negar una suspensión bajo cualquiera en el argumento alejando alegando que la petición del quejoso atenta contra el interés público".

Sin embargo, PAN, PRI Y Movimiento Ciudadano anunciaron que votarán en contra porque la reforma al amparo deja en indefensión a los ciudadanos frente a posibles abusos del gobierno en turno.

Pablo Vázquez Ahued acusó que "el régimen vino a ofrecernos pues es un retroceso es cerrar las puertas al acceso a la justicia y es limitar los derechos de las y los mexicanos y eso pinta de cuerpo entero al régimen y a su mayoría legislativa; un dispositivo jurídico de un siglo de desarrollo que ha servido para defender y conquistar derechos en nuestro país, lo quieren limitar de manera retrógrada, quieren que esta figura hecha para la defensa de la integridad de los derechos de las y los ciudadanos y las comunidades se vuelven operante lo que demuestra que es una reforma impulsada por una reacción y un movimiento profundamente conservador".