Tras la muerte de una pasajera la mañana del jueves 17 de julio en el cruce de Calzada de los Arcos con Boulevard Bernardo Quintana, colectivos ciclistas exigieron al Congreso del Estado de Querétaro homologar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a más de tres años de su publicación.
Este llamado se dio apenas un día después de que las organizaciones dieran a conocer que interpusieron un amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación por la omisión legislativa en la materia.
La acción legal fue dada a conocer el miércoles 16 de julio, luego de agotar distintas vías de diálogo institucional.
"Esta demanda de amparo está enfocada principalmente tanto al Congreso de Querétaro y también al Poder Ejecutivo, dado que no han cumplido con la obligación constitucional para emitir la ley estatal de movilidad y seguridad vial; se tenía un plazo y se venció en noviembre de 2022", comentó Juan Carlos Bravo, promotor de la demanda e integrante del colectivo QM21.
A tres años de que entró en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, Querétaro continúa sin armonizar su legislación local, a pesar de estar legalmente obligado.
Activistas y especialistas advirtieron que 11 entidades del país, incluido Querétaro, han caído en desacato legislativo, pues el segundo transitorio de dicha ley establecía un plazo de 180 días, a partir del 17 de mayo de 2022, para que los congresos estatales adecuaran su normatividad.
No obstante, la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, presidida por el diputado Enrique Correa Sada, ha hecho caso omiso de la obligación legislativa. Incluso el diputado plurinominal expuso que la ley era "innecesaria".
A través del amparo, los colectivos solicitaron que se:
Con una legislación estatal armonizada, expusieron activistas por la movilidad, Querétaro podría implementar:
Los colectivos recordaron que ciudades como Nueva York o Bogotá han adaptado su infraestructura y legislado para reducir muertes viales, por lo que "cada día de retraso representa un riesgo más", enfatizaron.
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