Por beneficiarse con acordeones Celia Maya recibirá mayor multa de elecciones judiciales

Sancionarán a 118 juzgadores por uso de "acordeones" en elección judicial; Celia Maya deberá pagar casi 147 mil pesos

Por el uso indebido de materiales propagandísticos durante las votaciones judiciales de junio pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé sancionar económicamente a 118 funcionarios electos, entre ellos ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales. Las multas oscilan entre 27 mil y 147 mil pesos, dependiendo del grado de beneficio que obtuvieron mediante los llamados "acordeones".

El caso más visible es el de Celia Maya, próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, quien enfrentaría la sanción más alta: 146 mil 884 pesos, al haber sido señalada como una de las más beneficiadas por estas guías de votación que incluían nombres y cargos recomendados.

Aunque las sanciones económicas ya están perfiladas, no se contempla la destitución de los funcionarios involucrados. El INE sólo aplicará medidas correctivas por vía administrativa.

Entre los futuros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también hay nombres que figuran en la lista de sancionados. El nuevo presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, deberá pagar 39 mil 712 pesos. La ministra Loretta Ortiz recibió la multa más elevada entre sus colegas, con 127 mil 508 pesos, seguida por Yasmín Esquivel con 95 mil 490, Lenia Batres con 44 mil 690 y María Estela Ríos con 62 mil 905.

El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura, no quedó exento. 

El expediente elaborado por la Comisión de Fiscalización incluye evidencias impresas y digitales de los "acordeones", algunos de ellos difundidos en sitios como Juristas por la Transformación. En dichos portales se promovieron perfiles específicos para ocupar cargos clave del Poder Judicial, lo cual fue considerado por el INE como una aportación prohibida, al no haber sido reportada como gasto de campaña.

El organismo concluyó que estos materiales ofrecieron una ventaja indebida a ciertas candidaturas, por lo que propuso sanciones equivalentes al 10 por ciento del tope de gasto de campaña correspondiente.

Aunque se investigó si Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estuvieron detrás del financiamiento o distribución de estos materiales, las denuncias en su contra fueron desechadas al no hallarse pruebas concluyentes de su participación directa.