En respuesta a las recientes políticas implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluyen la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos y medidas migratorias más estrictas, el estado de Querétaro ha comenzado a prepararse para posibles repercusiones en su economía y sociedad.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Querétaro, Lorena Muñoz Altamira, expresó que, aunque las políticas de Trump podrían generar incertidumbre, confía en la estrategia de aceleración de empleos del gobierno estatal para mantener la estabilidad económica en la región.
A nivel federal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reiterado la propuesta de establecer una mesa de trabajo con el gobierno de Trump en materia de seguridad y salud pública, enfatizando la importancia de la colaboración sin subordinación y el respeto a la soberanía nacional.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, ha instado a la unidad entre los diferentes sectores de México para enfrentar los "tiempos complejos" que se avecinan en la relación bilateral con Estados Unidos.
Ante este panorama, el gobierno de Querétaro está tomando medidas preventivas para mitigar posibles impactos. Kuri ha instruido a su equipo a prepararse para enfrentar las posibles repercusiones en el ámbito migratorio y económico que pudieran derivarse de las políticas de la administración Trump.
El secretario de Gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez, informó que se han registrado alrededor de 100 migrantes queretanos deportados desde Estados Unidos. Estos migrantes llegan inicialmente a la capital del estado y, posteriormente, son dirigidos a sus comunidades de origen.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, busca vincular a los migrantes con programas laborales. Entre las opciones disponibles destacan el seguro de desempleo, la vinculación con más de siete mil vacantes y capacitaciones para el autoempleo.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, ha enfatizado la importancia de trabajar en conjunto con asociaciones civiles para garantizar un tránsito seguro para las personas migrantes que crucen el estado. Aunque aún no se tiene claridad sobre cómo podrían cambiar las rutas migratorias que atraviesan México, el gobierno estatal ya está implementando medidas preventivas en colaboración con estas organizaciones.