Van por modificaciones en Amparo y Electoral

El gobierno federal propone modificar la ley de amparo y la Ley Electoral. Ambos bastiones de un régimen democrático que parece destinado a desaparecer si no hay una respuesta contundente de la sociedad.

Claro si le preguntan a la presidenta, dirá que somos uno de los países más democráticos del mundo, porque somos de los pocos que eligen a su poder judicial, presumen los comicios de junio pasado, pero no dicen que sólo votó 13 por ciento del padrón electoral, pero de ellos poco más de seis millones, más o menos el voto duro de Morena, determinaron la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No conforme con eso, el gobierno federal busca reformar la ley de Amparo, el instrumento judicial por excelencia para defender al ciudadano de los abusos del poder.

La presidenta reconoce que la modificación busca agilizar procesos judiciales y evitar que se convierta en "refugio para quienes buscan evitar la justicia", imagínese si lo pueden enjuiciar en caliente, para que esperar a que usted se pueda defender, no, si el gobierno, el poderoso dicen que usted cometió un delito, es porque seguramente lo cometió, no importa lo que usted puede abonar en su defensa.

Argumentan también que es para evitar el descongelamiento de cuentas, lo cierto es que la incompetencia de la administración federal y del Ministerio Público, provoca que hayan perdido más del 80 por ciento de los juicios en esta materia. O será que no tenían pruebas y sólo lo usaron para acusar a opositores políticos, porque no se congelaron cuentas de los corruptos de nuevo cuño, a ellos no los tocan ni con el pétalo de una carpeta de investigación.

Ahora buscan reformar la Ley en materia Electoral, ¿qué buscan? Pues reducir la presencia de diputados y senadores plurinominales, sí esos que permitieron que hubiera representación del PRD, partido de dónde surgió Morena, pero ahora desde el poder, pues como que las minorías incomodan.

Además, se propone que se reduzcan los recursos para partidos políticos y por supuesto para los organismos electorales, porque resultan muy caros. Pero eso no decían cuando lucharon por imponer candados y candados a la credencial para votar, o que se instalaran consejos distritales para contar y recontar los votos cuando fuera necesario.

Sin embargo, esta reforma será sometida a un proceso de Parlamento Abierto o consultas ciudadanas y no será presentada sino hasta enero de 2026, lo que significa que deberá aprobarse en ese mismo año, para que pueda operar en 2027, cuando se renueva el Congreso de la Unión, 17 estados cambiarán de gobernador, en el resto de las entidades se renuevan Congresos locales, presidencias municipales o regidores.

También acudiremos a las urnas para elegir al siguiente paquete de jueces y magistrados y, si es el caso, podría haber revocación de mandato. Con estas elecciones encima, se pretende modificar las reglas del juego, ¿Se vale?