Trump impone tarifa de 1,000 dólares al permiso temporal para migrantes
CDMX
Fecha: 15-10-2025
El Gobierno de Estados Unidos comenzará a aplicar, a partir de este jueves, una tarifa de 1,000 dólares (aprox. 18,500 pesos) a los nuevos beneficiarios del programa de "parole" humanitario, un permiso de residencia temporal que se concede por razones urgentes y que ha sido objeto de críticas por parte de la Administración Trump
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el cobro se impondrá "a cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos y no califique para una excepción".
La medida afectará tanto a quienes obtengan el beneficio a partir de la fecha de entrada en vigor como a solicitantes con procesos aún pendientes de aprobación.
No obstante, el DHS precisó que habrá excepciones para casos de emergencias médicas, asistencia a funerales o situaciones en las que la autoridad determine que el permiso representa un beneficio público significativo, como cuando el extranjero colabora con el Gobierno estadounidense en temas de aplicación de la ley.
El comunicado advierte que si un beneficiario no realiza el pago correspondiente, su permiso podrá ser cancelado una vez que se presente en un puerto de entrada o ya se encuentre dentro del territorio estadounidense
Contexto legislativo y político
La nueva tarifa forma parte de los cambios incluidos en la "One Big Beautiful Bill", iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada en julio pasado, la cual amplía las facultades del Ejecutivo en materia migratoria.
Previamente, legisladores republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes habían planteado aplicar tarifas adicionales a varios trámites migratorios, entre ellos el cobro de 1.000 dólares por solicitudes de asilo.
En muchos casos, los solicitantes de asilo reciben permisos temporales bajo la figura de "parole".
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, la Administración Trump ha impulsado diversas medidas para restringir o eliminar los programas de "parole", particularmente los destinados a ciudadanos de Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que ha incrementado el riesgo de deportación para miles de sus beneficiarios
