Fallas judiciales dejan libres a líderes del crimen organizado
Autoridades federales han alzado la voz por un fenómeno que prende las alarmas: decenas de personas ligadas al crimen organizado o acusadas de delitos graves han salido de prisión por decisiones tomadas por distintos jueces del país
Entre 2024 y lo que va de 2025, se han contabilizado 193 resoluciones judiciales que han beneficiado a presuntos delincuentes.
De ellas, 164 fueron egresos por cambios en las medidas cautelares ?es decir, personas que ya no están en prisión preventiva? y dos más terminaron en liberaciones definitivas.
El saldo representa a más de 100 individuos, señalados por delitos como secuestro, homicidio y delincuencia organizada, que han vuelto a las calles, de acuerdo a lo informado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Algunos jueces aparecen de forma recurrente en estas decisiones. Por ejemplo, Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, ambos de Sonora, encabezan la lista con más de 70 resoluciones de este tipo.
También se ha identificado a jueces que autorizaron traslados de reos peligrosos a otros centros penitenciarios sin cumplir con los protocolos requeridos, lo cual puede abrir la puerta a fugas o debilitamiento en la seguridad.
Entre ellos está Silvestre Peña Crespo, quien firmó cinco traslados de personas con antecedentes de secuestro y portación ilegal de armas
Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Mario Alberto N, sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, quien fue liberado por orden del juez Gregorio Salazar. El mismo juez también dejó sin prisión preventiva a otros operadores del cártel del Golfo.
Además, se han dado liberaciones de integrantes de grupos como el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, La Familia Michoacana y Los Rojos. Tan solo entre octubre de 2024 y abril de 2025, 26 personas relacionadas con estos cárteles salieron de prisión.
El gobierno federal y Harfuch, también han advertido que hay obstáculos para investigar o sancionar a jueces, pues existe un acuerdo interno en el Poder Judicial que impide procesarlos sin autorización previa
La discusión se enmarca en el contexto de la propuesta de reforma al Poder Judicial, que plantea, entre otras cosas, que los jueces sean electos por voto popular.
Aunque esta idea ha sido criticada por algunos sectores como autoritaria, desde el gobierno se insiste en que busca frenar prácticas como el nepotismo, la corrupción y ?como en estos casos? la liberación inexplicable de personas peligrosas.
Más allá del debate político, lo cierto es que la confianza en la justicia se ve debilitada cuando quienes deberían garantizar la seguridad terminan beneficiando a quienes la ponen en riesgo.
