El espacio público, concebido por ley como un bien común y gratuito, se ha convertido en una fuente de ingresos tanto para el sector privado como para la informalidad tolerada. Bajo el argumento del "ordenamiento vial", las calles se han transformado en un negocio lucrativo donde los ciudadanos pagan por ocupar un espacio que ya les pertenece.
En algunas entidades del país los espacios de estacionamiento están bajo el control de franeleros que cobran cuotas por cuidar automóviles.
En Guanajuato, las cifras evidencian este fenómeno en el cual se registran 50 reportes mensuales por cobros indebidos de franeleros, mientras que los permisos de estacionamientos privados en León aumentaron un 55 % entre 2021 y 2024.
Colocar cubetas, botes u objetos para apartar lugares en la vía pública no es legal. La Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito prohíben obstruir o reservar espacios que son de uso común.
El resultado es claro, los ciudadanos pagan por lo público, ya sea a una empresa o a un franelero sin recibir a cambio mejoras tangibles en movilidad ni urbanismo. El espacio común, amparado por la ley, se ha convertido en un negocio redondo disfrazado de orden vial.