El Gobierno de Estados Unidos amplió por 45 días el plazo para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusados por el Departamento del Tesoro de facilitar operaciones de lavado de dinero del crimen organizado.
La nueva fecha límite para la implementación de estas medidas será el 4 de septiembre, informó este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
"Parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. Estas instituciones bancarias fueron señaladas por haber participado presuntamente en el lavado de al menos 46.5 millones de dólares provenientes de cárteles de la droga.
Desde junio, las autoridades estadounidenses colocaron a las tres entidades mexicanas bajo observación, prohibiendo además la transferencia de fondos entre ellas y el sistema financiero de Estados Unidos. La medida generó incertidumbre sobre el posible impacto en el sistema financiero mexicano.
Ante esta situación, Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Hacienda ha actuado con responsabilidad y que no hay riesgo para los usuarios ni para el sistema bancario nacional. "No hay riesgo. Y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero", aseguró, haciendo eco también de los reportes de la agencia Fitch Ratings.
El Banco de México también participa en la intervención para supervisar el cumplimiento de las normas, en un proceso que la mandataria calificó como "largo y laborioso, pero que se está llevando con buena coordinación".
La extensión del plazo permitirá a las instituciones involucradas demostrar su inocencia o colaborar con las autoridades para esclarecer los señalamientos. En el caso de que las sanciones se confirmen, los bancos podrían perder su acceso al sistema financiero internacional, afectando operaciones en dólares y sus relaciones con clientes y empresas del extranjero.
Hasta el momento, las entidades financieras involucradas no han emitido un posicionamiento público detallado, pero el Gobierno mexicano se comprometió a seguir de cerca el proceso para garantizar la estabilidad del sistema financiero y la transparencia en las investigaciones.