La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) ha alertado que existen casos en los que personas con conflictos civiles por ejemplo, préstamos o pagarés impagados, deciden resolverlos sin acudir a los tribunales. En lugar de ello, contratan a terceros para ejecutar "cobros" por su cuenta, lo que transgrede el marco legal.
Estos cobros se realizan mediante la amenaza, presión o incluso privación de la libertad de la persona deudora, y la FGEN advierte que tales acciones dejan de ser simples conflictos civiles para convertirse en posibles delitos de secuestro o extorsión.
En Nayarit, la relevancia de la advertencia se hace aún más patente: datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) indican que la tasa de extorsión en el estado fue de 5 931 por cada millón de habitantes durante 2023. INEGI Además, se estima que alrededor del 93.8 % de los delitos en la entidad ni siquiera se denuncian.
La FGEN explica que la responsabilidad recae tanto en quien efectúa el cobro ilegal como en quien lo ordena o financia, y enfatiza que las penas pueden alcanzar hasta 120 años de prisión por secuestro agravado y hasta 20 años por extorsión. La institución llama a la ciudadanía a no asumir una justicia por mano propia y a utilizar los mecanismos legales establecidos para resolver conflictos civiles, evitando que situaciones que podrían resolverse civilmente deriven en hechos delictivos.