Justicia federal protege hijos de Ángela Birkenbach tras feminicidio

Una autoridad federal ordenó a la jueza Karina Camacho Robles, titular del Juzgado Familiar Especializado en Niñas, Niños y Adolescentes Institucionalizados de Jalisco, con sede en Guadalajara, cancelar las convivencias que permitían a los hijos de Ángela Birkenbach visitar a su padre, presunto responsable de su feminicidio. La decisión revoca un decreto previo que autorizaba visitas de los menores al penal de Tepic durante ocho días al mes.

El Juzgado Federal Número Ocho en Materia Familiar otorgó la suspensión y señaló que el régimen de convivencia podía vulnerar el interés superior de los niños y revictimizarlos, considerando que son víctimas indirectas del crimen. La abogada Pamela Pinedo, representante de la familia Birkenbach, aseguró que insistir en las visitas perpetúa la violencia feminicida y responsabilizó al Poder Judicial de Jalisco y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por actuaciones incongruentes e inexplicables que contravienen el bienestar de los menores.

Además, la abogada informó que la jueza Karina Camacho dictó una medida cautelar que impide a la abuela materna, Virginia Ann Hemingson, de 80 años, acercarse a sus nietos, pese a no existir antecedentes de violencia en su contra. Esta situación ha generado preocupación por el impacto emocional sobre la familia materna, que busca proteger a los niños tras la pérdida de su madre.

Ángela Birkenbach fue asesinada el 10 de octubre de 2023, presuntamente por su expareja y padre de tres de sus hijos. El imputado permanece vinculado a proceso y en prisión preventiva en el penal Venustiano Carranza de Tepic. Según la defensa, él y su red familiar, incluida su hermana Rosalba Primavera Romero, buscan apropiarse de la herencia millonaria de la víctima, incluyendo bienes como el resort Limoncito Hill en San Blas, utilizando influencias en el Poder Judicial de Jalisco para controlar los activos de la empresaria.

La familia Birkenbach, representada por Pamela Pinedo, denuncia que estas actuaciones judiciales favorecen más al presunto feminicida que al interés superior de los menores, exponiéndolos a lo que califican como violencia institucional. La defensa enfatiza la necesidad de priorizar la protección emocional y legal de los hijos, y asegurar que los recursos y bienes de la víctima se administren en beneficio de la familia materna y no del imputado.