Nuevos acuerdos buscan frenar el nepotismo en el Poder Judicial

Tres Acuerdos Generales buscan modernizar la gestión y consolidar la rendición de cuentas dentro del Órgano de Administración Judicial

Los Acuerdos definen trece principios rectores que deberán guiar al personal con funciones administrativas: austeridad, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia y racionalidad en el uso de recursos públicos.

Además, se detallan valores específicos relacionados con la atención al público, la igualdad de trato, la no discriminación y el respeto a la diversidad cultural y a los derechos humanos.

El personal administrativo deberá:

• Cumplir con la legislación aplicable y las normas internas.

• Evitar cualquier beneficio personal o conflicto de interés.

• Abstenerse de influir en designaciones de familiares hasta cierto grado.

• Administrar los recursos públicos de forma responsable y transparente.

• Actuar de manera imparcial y objetiva en todas sus funciones.

El objetivo es regular la administración de recursos humanos, financieros y materiales, así como establecer un marco de responsabilidades, disciplina y control interno

Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades

Se destaca la labor de la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades, responsable de investigar, substanciar y sancionar conductas irregulares del personal administrativo.

La comisión está integrada por José Alberto Gallegos Ramírez, Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez, y también coordina cursos y foros para que los servidores públicos conozcan los principios del Acuerdo General.

Puntos centrales de los Acuerdos

• Definen los procedimientos y responsabilidades para los servidores públicos con funciones administrativas.

• Establecen medidas de control contra nepotismo y conflictos de interés, supervisadas por un Comité de Integridad.

• Regulan la difusión y aplicación de los principios de integridad dentro de todas las áreas del Poder Judicial, mediante medios electrónicos y físicos.

Estas medidas buscan garantizar que los servidores públicos cumplan con sus responsabilidades de acuerdo con la ley y los procedimientos internos, sin emitir juicios sobre desempeño ni emitir valoraciones externas