Rusia usa drones para deportar y aterrorizar civiles, alerta informe

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania presentó un informe en el que documenta ataques sistemáticos con drones contra la población civil en el sur del país, especialmente en las provincias de Kherson, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, a lo largo de más de 300 kilómetros del río Dniéper

Según la comisión, los ataques no son incidentes aislados, sino parte de una política planificada, con el objetivo de sembrar terror y provocar desplazamientos masivos, lo que constituiría crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Los drones rusos, de acuerdo a lo señalado, han golpeado viviendas, hospitales, escuelas, mercados y puntos de distribución humanitaria, así como infraestructura crítica, incluyendo subestaciones eléctricas y torres de comunicación.

También se han dirigido contra brigadas médicas, bomberos y equipos de reparación, ignorando la protección que establece el derecho internacional humanitario para estos servicios.

Desde julio de 2024, los ataques han provocado la muerte de más de 200 civiles, lesiones a unos 2,000, y la destrucción total o parcial de cerca de 3  mil viviendas.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que en 2025 los ataques se intensificaron, convirtiéndose en la principal causa de víctimas civiles cerca del frente

Desplazamiento forzado y deportaciones

El informe denuncia que los ataques se usan como instrumento de terror para obligar a la población a abandonar sus hogares, incluyendo deportaciones y traslados forzosos desde áreas ocupadas de Zaporizhzhia.

Muchas personas fueron enviadas a Georgia, tras ser privadas de sus documentos y sometidas a malos tratos, en operaciones coordinadas entre autoridades militares y civiles rusas.

El informe insta a Rusia a cesar de inmediato los ataques y las deportaciones, y a Ucrania a proporcionar asistencia médica, psicológica y humanitaria a las víctimas.

Asimismo, pide a la comunidad internacional apoyar mecanismos de rendición de cuentas y la atención a desplazados.

La comisión concluye que la coordinación, duración y magnitud de los ataques confirma su carácter planificado, violando el derecho internacional humanitario y dejando abiertos posibles juicios ante la Corte Penal Internacional