En Coahuila, la libertad de prensa se ve comprometida por una red de intereses económicos y políticos que ha cooptado los medios de comunicación mediante millonarios convenios de publicidad oficial. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, se ha intentado reformar este sistema para evitar la discrecionalidad en el gasto y proteger la independencia editorial.
Según Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, "El no pago para que me peguen es la premisa, es la directriz que rige la manera cómo se ejerce el recurso y por supuesto es una tremenda condicionante a las líneas editoriales". Esto refleja cómo el dinero condiciona la libertad de expresión en la región.
Para el año 2024, en Coahuila se destinarán 900 millones de pesos en publicidad oficial, equivalente a un gasto diario de más de 2 millones de pesos. Este desembolso, lejos de promover la diversidad informativa, se convierte en una herramienta de control sobre los medios de comunicación.
Además, la mercantilización del periodismo ha llevado a una situación preocupante para los trabajadores de los medios. Según datos del mecanismo de protección para periodistas, 18 personas están inscritas en Coahuila, de las cuales 3 son mujeres y 15 hombres, evidenciando el riesgo que enfrentan día a día.
Otro aspecto alarmante es la precarización salarial en el sector. Mientras que el salario mínimo establecido para un reportero de prensa gráfica es de 16,722 pesos mensuales, la realidad es que muchos periodistas apenas alcanzan los 4,900 pesos al mes, según datos de la Secretaría de Economía.
En el Día Mundial por la Libertad de Prensa, estas cifras ponen de manifiesto que no hay mucho que celebrar. La lucha por proteger los derechos de los periodistas en Coahuila continúa, enfrentando obstáculos que parecen insuperables.
La situación en Coahuila refleja un problema sistémico que afecta la libertad de prensa en México y que requiere de acciones concretas para garantizar un periodismo independiente y seguro.