El fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes reveló en conferencia de prensa que el grupo delictivo La Familia Michoacana controlaba el sector de la construcción y de productos comestibles en la zona sur del estado, que operaba bajo el amparo de organizaciones como el "Sindicato Libertad" y "Sindicato Bradosva".
Ests seudo sindicatos imponían prácticas de extorsión, acaparamiento y sobreprecio en municipios como Valle de Bravo, Donato Guerra, Villa de Allende, Temascaltepec, Tejupilco e Ixtapan de la Sal, entre otros.
A través de estas organizaciones, la población era obligada a adquirir productos de construcción como grava, arena, cemento, varilla, entre otros, únicamente en puntos autorizados, con precios inflados hasta en 400%. Quienes incumplían, eran despojados de la mercancía y agredidos físicamente.
En Valle de Bravo, se identificó a negocios como "Jimex", "Construrama" y "Aceros Arriaga" como centros clave del control comercial. "Jimex", presuntamente extraía materiales de la mina San Francisco, mientras que "Construrama" fue señalada por operar de forma apócrifa.
A nivel regional, se usaban casas de materiales como "Ávila", "Omega", "El Boulevard", "Grupo Vulcano", "Ferremateriales La Coyota" y "Casa Villa" para mantener el dominio comercial.