El Salvador bajo crítica por arresto de defensores ambientales y comunitarios
CDMX
Fecha: 19-09-2025
Dos defensores de derechos humanos en El Salvador fueron detenidos arbitrariamente tras participar en una protesta pacífica contra el desalojo de la comunidad El Bosque, en Santa Tecla, informó Human Rights Watch
La organización revisó videos y documentos judiciales que indican que los cargos contra ellos carecen de sustento.
José Ángel Pérez, pastor y líder comunitario de 55 años, y Alejandro Antonio Henríquez, abogado y defensor ambiental de 29 años, fueron acusados de "resistencia agresiva" y "desórdenes públicos".
La legislación salvadoreña contempla penas de dos a seis años de prisión para estos delitos, que requieren violencia o amenaza, y obstrucción real del espacio público, respectivamente. Sin embargo, los videos revisados muestran que ambos actuaron de manera pacífica.
Pérez fue detenido mientras hablaba tranquilamente con la policía y Henríquez al día siguiente cerca de su lugar de trabajo. No se evidenció violencia ni obstrucción del tránsito, contradiciendo los argumentos de la fiscalía
Contexto de la protesta
El 12 de mayo, unas 300 familias se manifestaron cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele para protestar por la amenaza de desalojo.
Tres días después, la orden judicial que motivaba la protesta fue revocada.
A pesar de esto, Pérez y Henríquez permanecen en detención provisional desde finales de mayo, primero en la delegación policial de Colón y luego en la prisión La Esperanza (Mariona), donde Human Rights Watch ha documentado condiciones inhumanas y falta de acceso a familiares y abogados.
Ley de Agentes Extranjeros y represión
En paralelo, el presidente Bukele promovió la Ley de Agentes Extranjeros, que grava con hasta un 30 % los fondos internacionales recibidos por organizaciones civiles y otorga amplias facultades discrecionales al gobierno.
Human Rights Watch advierte que estas medidas forman parte de una campaña más amplia de represión contra voces críticas, incluyendo la detención de otros defensores de derechos humanos en mayo, como Ruth López y Enrique Anaya.
La asociación instó a las autoridades salvadoreñas a garantizar audiencias públicas, acceso a abogados y comunicación con familiares. Además, solicitó a gobiernos extranjeros y organismos internacionales condenar los abusos y exigir la retirada de los cargos infundados.
"Cuando se criminaliza la protesta pacífica, se envía un mensaje claro a la sociedad: guardar silencio o enfrentar la cárcel", afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch
