Cuando en 2021 Martín Gerardo Aguilar Sánchez asumió el cargo de rector de la Universidad Veracruzana (UV), lo hizo bajo el discurso de la transformación académica, el compromiso social y la transparencia. Sin embargo, esas promesas se han desdibujado frente a una gestión marcada por el sigilo, la pasividad política y decisiones cuestionadas que revelan el lado más opaco del poder universitario en Veracruz.
La aprobación de la prórroga de su rectorado por cuatro años más, formalizada en 2024 a través de una reforma impulsada desde la Junta de Gobierno, desató fuertes críticas. Para amplios sectores de la comunidad universitaria entre académicos, investigadores y estudiantes consideraron que se trató de un acto ilegal.
La Exrectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, señaló que se trata de una ilegalidad.
"se trata de una ilegalidad que ocurrió en la máxima casa de estudios, no se lanzó una convocatoria pública para que otros candidatos pudieran aspirar al cargo de rector, como ha sido tradición en la institución, además la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana no tiene atribuciones para extender el periodo del rector de forma automática mediante prórroga, sino solo para designar cuando se haga el procedimiento correspondiente por convocatoria".
Además de la ilegalidad de la prórroga, según investigadores, Martín Aguilar Sánchez es acusado de subejercicio en su administración de más de 5 mil millones de pesos.
Red por la Legalidad UV señaló que hasta el momento:
Se ha denunciado que 27 programas de posgrado de la UV no cumplieron con los lineamientos de la Comisión?Nacional?de?Humanidades,?Ciencias?y?Tecnologías (CONAHCYT)
En 2024, el rector informó que la universidad había atendido más de 270 quejas por acoso y hostigamiento.
Subejercicio en su administración de más de 5 mil millones de pesos.
La gestión de Aguilar Sánchez también ha sido duramente evaluada por su manejo de la contingencia en el norte de Veracruz, donde las inundaciones afectaron a cientos de estudiantes, trabajadores y familias universitarias.
La contingencia cobró la vida de una alumna de psicología originaria del municipio de Tamiahua.
La situación generó indignación e inconformidad entre la comunidad estudiantil.
En medio de los reclamos de ilegalidad, subejercicio y falta de empatía, la Universidad Veracruzana enfrenta un desafío mayor: reconstruir su legitimidad moral y académica.