Sheinbaum propone reformar la Ley de Amparo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, presentó al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, con esto se pretende hacer más ágiles y eficientes los procesos judiciales para fortalecer las instancias y acrecentar la confianza de los mexicanos en el acceso e impartición de justicia.

La propuesta también modifica el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de introducir una definición de interés legítimo en la Ley de Amparo, siguiendo criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Laura Itzel Castillo, presidenta de la cámara alta informó que el primer proyecto busca reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de establecer un proceso de amparo efectivo y justo.

En un mensaje en redes sociales, consideró que con esta propuesta se promueve el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita.

En los casos de bloqueos de cuentas, se plantean excepciones para garantizar recursos destinados a salarios, obligaciones alimentarias, créditos hipotecarios de vivienda de uso propio, entre otros, mientras se resuelve el amparo.

El gobierno asegura que muchas suspensiones se han utilizado para estrategias dilatorias, para congelar acciones del Estado o para liberar recursos que podrían estar vinculados con actividades ilícitas. La reforma, dicen, servirá para evitar abusos y garantizar que las autoridades puedan operar sin trabas excesivas. 

Expertos alertan que restringir el uso del amparo, especialmente las suspensiones, podría afectar el derecho de acceso a la justicia, sobre todo para quienes enfrentan actos de autoridad arbitrarios o leyes que vulneren derechos fundamentales. 

La definición de interés legítimo puede dejar fuera del proceso a quienes tienen una afectación real, pero que no cumplan con los requisitos formales propuestos. 

Hay preocupación de que la reforma favorezca al Estado sobre los particulares, al limitar recursos judiciales que históricamente han servido para controlar abusos de poder. 

Entre diciembre de 2018 y agosto de 2025 se presentaron más de 3 mil 600 demandas de amparo contra bloqueos de cuentas, con mil 407 suspensiones definitivas que permitieron desbloquear fondos por 27 mil millones de pesos. En sentencias de fondo se habrían liberado hasta 32 mil millones de pesos.