Esta mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad revocar la admisión del amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, para evitar el pago de un crédito fiscal de 33 mil millones de pesos determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Con esta decisión, la nueva integración del máximo tribunal validó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, quien consideró improcedente el amparo al no existir elementos de excepcionalidad que justificaran su revisión por la Corte.
"Es clara la improcedencia del amparo directo en revisión ante la ausencia de excepcionalidad, por lo que corresponde declarar fundados los recursos de reclamación de las autoridades", señaló el ministro ponente en su dictamen.
Recordemos que el caso se remonta a agosto de 2024, cuando la entonces presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, admitió a trámite el recurso de la propiedad de Salinas, por el crédito fiscal correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2013.

Posteriormente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT impugnaron esa admisión, argumentando que el asunto carecía de interés constitucional y que la ministra Piña no había fundamentado la relevancia del caso.
El recurso fue inicialmente turnado al ministro Alberto Pérez Dayán, pero tras la renovación parcial de la Corte, el expediente pasó a la ponencia de Guerrero García, quien presentó una línea del tiempo con los antecedentes del litigio, recordando que en septiembre de 2023 la extinta Segunda Sala ya había decidido no atraer el caso por no considerarlo extraordinario.
Durante la sesión, los ministros Giovanni Figueroa Mejía, Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz coincidieron en que el asunto no presenta aspectos novedosos ni de relevancia constitucional. El ministro presidente Aguilar Ortiz subrayó que Grupo Elektra ha promovido múltiples recursos para evitar el pago del adeudo fiscal.
Previo a esta resolución, la SCJN también rechazó un impedimento solicitado por Grupo Elektra contra las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, al considerarlo sin fundamento legal.
Con este fallo, el SAT obtiene un nuevo respaldo judicial en su disputa con el consorcio de Salinas Pliego, uno de los litigios fiscales más cuantiosos en la historia reciente del país.