Inhabilitan 3 años a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California
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Inhabilitan 3 años a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California


El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue inhabilitado por tres años por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), debido a irregularidades relacionadas con la fallida construcción de una planta fotovoltaica impulsada durante su administración y que estaría a cargo de la empresa Next Energy.


Durante su conferencia mañanera de este martes, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la notificación de la sanción y recordó que Bonilla puede impugnar la resolución. El exmandatario enfrenta señalamientos por uso ilícito de atribuciones y facultades.

La secretaria de Honestidad y la Función Pública, Gabriela Monge, detalló que la notificación llegó el lunes y que se trata de una falta considerada grave:

"El día de ayer fuimos notificadas de esta resolución. Conlleva, como ya lo comentaron, una sanción grave; por eso lo tenía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y hay que recordar que estos asuntos vienen desde inicios de la administración y ya estaban para resolución", señaló Monge.

La funcionaria añadió que otros exservidores públicos también fueron sancionados, aunque todos podrán impugnar si así lo desean.




Antecedentes del caso

En septiembre de 2021, exfuncionarios del gobierno de Bonilla fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública estatal por presuntos delitos como abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, encubrimiento y desvío de recursos públicos.

Ocho meses después, la Fiscalía estatal informó que llamaría a declarar al exgobernador por el otorgamiento del permiso de construcción de la planta fotovoltaica a Next Energy, proyecto que carecía de autorización federal. Para financiarlo, la administración de Bonilla constituyó un fideicomiso en el que quedaron retenidos 123 millones de pesos de recursos públicos.

Ya en su gestión, la gobernadora Ávila canceló el contrato al considerarlo una negociación "leonina" (Ventajoso para una sola de las partes). Cabe destacara que su administración inició procesos legales para recuperar los recursos del fideicomiso, hasta que se restituyeron 172 millones de pesos, correspondientes al monto original más rendimientos.

Por estas irregularidades, varios exfuncionarios han sido sancionados administrativamente en los últimos años.




Vinculación a proceso de exsecretario de Salud

Durante la misma conferencia, Gabriela Monge confirmó la vinculación a proceso del exsecretario de Salud del gobierno de Bonilla, Alonso Óscar Pérez Rico, ocurrida este lunes.

La causa deriva de denuncias presentadas en mayo de 2023 por la administración de Ávila, que acusan a Pérez Rico y a otros siete exfuncionarios de pagar sobreprecios en medicamentos y realizar adjudicaciones directas irregulares en 2021. Según la denuncia, se habrían aprovechado de un decreto federal por la contingencia de Covid-19 para adquirir insumos que no estaban relacionados con la pandemia.

Los delitos señalados incluyen ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.

Monge recordó que estas denuncias forman parte de un conjunto más amplio presentado desde el inicio del actual gobierno estatal:


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