Temen ataque armado tras asesinato de líder wixárika

La comunidad indígena wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán vive uno de los momentos de mayor tensión y peligro de los últimos años. Tras el asesinato de su autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, y el ataque armado contra Gabriel Aguilar Rojas el pasado 26 de noviembre, habitantes del poblado temen que ocurra una agresión mayor ante la ausencia de garantías de seguridad y un historial de impunidad que, según denuncian, ha permitido el avance de actores armados vinculados a intereses territoriales.

El ataque, registrado en el predio comunal conocido como El Caracol, forma parte de una secuencia de violencia que la comunidad ha enfrentado durante décadas y que incluye invasiones, amenazas, tortura y desplazamientos forzados. Pese a contar con títulos virreinales de 1733 que acreditan la posesión de 94 mil hectáreas, el conflicto territorial se ha agudizado desde que el pueblo decidió reclamar legalmente cerca de 39 mil de esas hectáreas ante el Tribunal Agrario, lo que desató una respuesta violenta atribuida a caciques locales y presuntos pequeños propietarios.

El clima de alarma actual se profundiza por la falta de avances en las investigaciones y por la presunta protección institucional hacia los agresores. Testimonios señalan a los hermanos Esteban, Manuel y José Aguilar Herrera, así como a Víctor Hugo Pérez, como presuntos responsables de ataques previos. La comunidad insiste en que detrás de estos hechos opera una red de funcionarios, operadores judiciales y cuerpos policiales que obstaculizan las denuncias y permiten que los delitos se acumulen sin castigo, alimentando el riesgo de una escalada armada.

La preocupación no se limita a Azqueltán. En Jalisco se ha registrado un patrón de violencia contra personas defensoras sin precedentes recientes. Según documentación del IMDEC y organizaciones acompañantes, en el primer año de gobierno estatal y federal han sido asesinados diez defensores, entre ellos líderes comunitarios, ambientalistas, buscadoras y activistas por la diversidad. Los casos permanecen en total impunidad y no han sido investigados desde la perspectiva de su labor como defensores de derechos humanos. La muerte de Marcos Aguilar Rojas suma una nueva pérdida a una tendencia que organizaciones califican como acelerada y alarmante.

Las comunidades indígenas han advertido que esta situación reproduce lo ocurrido en Ayotitlán, donde durante dos décadas se han documentado desapariciones, homicidios y ataques vinculados a la defensa del territorio frente a intereses de minería y tala ilegal. En esa región persiste la participación del crimen organizado y la supuesta complicidad de autoridades municipales y estatales, lo que ?afirman? ha permitido el surgimiento de zonas de riesgo extremo para quienes defienden su territorio. Aunque la CIDH otorgó medidas cautelares en 2024, las agresiones continúan y las investigaciones suelen quedar inconclusas.

Organizaciones civiles y representantes comunitarios advierten que la ausencia de un mecanismo estatal eficaz de protección, la falta de coordinación institucional y la inexistencia de fiscalías especializadas han dejado a los defensores en una situación de vulnerabilidad crítica. Enfatizan que, sin acciones inmediatas, la violencia podría profundizarse y derivar en nuevos asesinatos o ataques armados contra Azqueltán.