A tres años de la despenalización del aborto, persisten barreras en BCS

A tres años de la despenalización del aborto en México, persisten barreras y estigmas sociales que limitan el acceso efectivo a este derecho, incluso en estados donde el marco legal ya lo reconoce.

En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que penalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo es inconstitucional, marcando un precedente histórico que obligó a los congresos estatales a reformar sus leyes. Algunos estados lo hicieron de forma voluntaria, otros por mandato judicial, y varios más mantienen aún sanciones penales vigentes.

En el caso de Baja California Sur, la despenalización se concretó en junio de 2022. Desde entonces, ninguna mujer ni persona gestante puede ser criminalizada por abortar antes de las 12 semanas de gestación. El procedimiento debe estar disponible de forma gratuita en instituciones públicas de salud, con condiciones de calidad, confidencialidad y trato digno.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, entre junio de 2022 y mayo de 2025 se han realizado 1,237 abortos legales en hospitales públicos del estado. Sin embargo, este avance legal no ha sido suficiente para eliminar las barreras sociales que muchas mujeres enfrentan. Arely Eunice, acompañante de abortos, señaló que aún hay un fuerte estigma alrededor del tema, lo que obliga a muchas a recurrir a redes de apoyo.

"La figura de la acompañanta existe por la falta de un ambiente social que brinde seguridad a las morras y personas gestantes para llevar a cabo su proceso de aborto acompañadas de personas que comparten cotidianidad con ellas", explicó.

Actualmente, en México, 19 entidades han legalizado el aborto hasta las 12 semanas, incluyendo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. En contraste, otros estados como Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala y Tabasco solo permiten la interrupción del embarazo en casos específicos como violación, riesgo para la vida de la gestante o malformaciones graves del feto. Pese a que la ley ha cambiado, activistas insisten en que la lucha no ha terminado.

"Todavía hay muchas mujeres y hay muchas personas gestantes que desean abortar, que necesitan abortar y que sus condiciones sociales, sus condiciones materiales, aunque legalmente está despenalizado y legalizado, les entorpecen el acceso, ¿no?", señaló Arely. Para colectivas feministas y redes de acompañamiento, el reto no solo es que el aborto sea legal, sino que sea verdaderamente accesible, sin miedo, sin juicios y sin desigualdades. A tres años de este avance jurídico, recuerdan que bajar la guardia sería retroceder en derechos ganados con años de resistencia.