A cinco días de su anuncio, el Gobierno de México avanza en la implementación del Plan Michoacán por la paz y la justicia, una estrategia con la que busca reducir los altos índices de violencia, delincuencia e inseguridad en ese estado del occidente del país.
El operativo comenzó el jueves pasado con una ofensiva directa contra al menos doce carteles del narcotráfico que operan en la región, donde recientemente fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder citrícola Bernardo Bravo.
Michoacán, con 4.7 millones de habitantes, enfrenta una compleja situación de seguridad que en el último mes tuvo un repunte de violencia. En Uruapan, una ciudad de más de 300 mil habitantes y considerada la segunda más importante del estado después de Morelia, la alcaldía quedó ahora en manos de Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado.

El plan presentado el domingo está integrado por 12 ejes y más de 100 acciones, con una inversión superior a 57 mil millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum lo definió como una "estrategia integral" que no solo prioriza la seguridad, sino también el desarrollo económico, la infraestructura carretera y de agua, así como programas de bienestar, educación, salud, vivienda, cultura y justicia para pueblos indígenas.
En materia de seguridad, el Gobierno federal aumentará el despliegue de agentes del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional hasta llegar a 10 mil 506 elementos.
Además, el Gabinete de Seguridad realizará visitas periódicas a distintos municipios, iniciando este jueves con un recorrido encabezado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El Gobierno también sostendrá reuniones permanentes con productores agrícolas, especialmente de limón y aguacate, dos de los productos en los que Michoacán es líder nacional. El objetivo es garantizar su seguridad, proteger sus actividades económicas y fortalecer la confianza en las instituciones, en medio de un escenario donde estos sectores han sido afectados por la presencia del crimen organizado.
Las autoridades federales destacaron que la estrategia estará regionalizada. Esto significa que cada zona del estado será atendida con acciones específicas según las operaciones, dinámicas y delitos cometidos por los grupos criminales. Los titulares de la Sedena y la Semar explicaron que cada unidad tendrá funciones diferenciadas para atender las necesidades de cada región.

El plan también contempla la coordinación con los estados de Colima, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y Guerrero, con el fin de capturar a generadores de violencia y afectar las capacidades operativas y económicas de los grupos delictivos. Las acciones incluyen detención de líderes de primer y segundo nivel, neutralización de campos de adiestramiento, destrucción de laboratorios clandestinos y aseguramiento de drogas y armas.
Un componente central será el fortalecimiento de la estrategia contra la extorsión, uno de los delitos más persistentes en la región. Las autoridades buscan lograr detenciones, impulsar investigaciones y unificar criterios de actuación mediante un protocolo nacional.
Según los mapas entregados por el Ejército, la FGR y la FGE, en Michoacán operan al menos doce organizaciones criminales, entre ellas el CJNG, Los Viagras, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Pueblos Unidos.