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28 de Marzo del 2024

Política

Justicia española confirma la extradición de Alonso Ancira

Por: Jorge Espejel Lomas
Torreón
13-11-2020

La Audiencia Nacional Española confirmó la extradición a México de Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA).

El empresario mexicano se encuentra encarcelado en una prisión de Palma de Mallorca, España, y con esta resolución se espera que en los próximos días o semanas Ancira regrese para ser juzgado en territorio mexicano.  

La Sala de lo Penal consideró que los delitos por los que la Fiscalía está buscando a Ancira Elizondo no suponen ninguna persecución política, por lo que no tuvieron ningún argumento para retenerlo. 

En la resolución los magistrados españoles informaron que las autoridades mexicanas investigan cuatro transferencias emitidas entre junio y noviembre del 2012 de AHMSA a la empresa Tochos Holdig, vinculada al exdirector de Pemex y hoy testigo protegido, Emilio Lozoya Austin, por 3.4 millones de dólares. 

Detallaron que, tras recibir el dinero, Lozoya adquirió un inmueble en la Ciudad de México y un mes después, ya designado como director general de Pemex, propuso y ejecutó la compra de una planta chatarra de fertilizantes a Ancira Elizondo.  

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Ancira habría vendido la planta de fertilizantes con un sobreprecio superior a los 250 millones de dólares, transacción que supone un daño al patrimonio de la paraestatal. 

Recientemente se dio a conocer una entrevista entre el periodista Carlos Loret y Alonso Ancira. En ella el empresario acerero se dijo un perseguido político, aceptó que es príista y que le ha inyectado recurso a campañas políticas. 

En esa misma conversación Ancira Elizondo dijo que él está dispuesto a pagarle a la Hacienda Pública los 250 millones de dólares pero en plazos e infirió que está siendo perseguido porque no apoyó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. 

La justicia española dijo que los hechos investigados contra Alonso Ancira constituirían los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude y malversación de caudales públicos.





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