La corrupción respira libertad: El caso de Javier Duarte

Desde su mandato al frente del Estado de Veracruz de 2010 a 2016, Javier Duarte de Ochoa ha sido uno de los exponentes más significativos de los desafíos que enfrenta México en materia de gobierno, corrupción y rendición de cuentas.

Este caso fue uno de los más polémicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que el exgobernador y referente de lo que antes se le llamaba ?el Nuevo PRI?, fue vinculado con una estructura de empresas fantasma por el desvío de mil 670 millones de pesos, lavado de dinero, y asociación delictuosa. 

Tras más de 8 años de permanecer en prisión, el ex gobernador podría obtener su libertad anticipada.

El analista político, Carlos Ronzón consideró como un insulto para la sociedad la posible libertad del exmandatario.

"Yo creo que es un gran insulto para la sociedad, desfalco las arcas, además para todos es es claro que vive con privilegios en la cárcel"

Duarte fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México, en 2018 recibió su sentencia. Desde entonces, ha permanecido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. 

El exmandatario podría abandonar la cárcel porque ya ha cumplido más del 90 por ciento de su condena de nueve años y su defensa solicitó la libertad anticipada, argumentando buena conducta y participación en programas de reinserción social. Además, varios de los procesos estatales en su contra culminaron por falta de pruebas. 

"Lamentablemente la justicia en México deja mucho que desear, el caso Jacier Duarte es un claro ejemplo, tenemos un sistema de justicia endeble" 

A pesar de la gravedad de los delitos que se le imputaron, en sus comparecencias el exgobernador negó toda clase de acusación.

Este miércoles 12 de noviembre una jueza federal realizará la audiencia en la que resolverá si concede o no la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz. Incluso trascendió que el exmandatario realizó una fiesta para despedirse de sus compañeros reclusos. 

La sentencia de nueve años de prisión impuesta a Javier Duarte ha sido considerada por muchos como simbólica, pues contrasta con la magnitud del daño causado, lo que representa una muestra de las debilidades del sistema de justicia mexicano, donde los acuerdos, las reducciones de pena y las fallas procesales terminan favoreciendo a los funcionarios implicados en grandes actos de corrupción.