Este año la Procuraduría de Protección al Ambiente de Oaxaca (PROPAEOAX) impuso sanciones por un total de 400 millones de pesos a 200 municipios que mantienen tiraderos a cielo abierto o basureros clandestinos al identificar 300 puntos irregulares de disposición de residuos en todo el estado, entre ellos Juchitán (12 mdp), Tuxtepec (7 mdp), Loma Bonita y Tehuantepec, donde las multas buscan obligar al saneamiento de ríos y espacios públicos contaminados.
La acumulación de basura en calles y cuencas impide el desalojo de agua durante la temporada de lluvias, provocando inundaciones en el 95% de los casos registrados en la capital, y en colonias de Tehuantepec como 12 de Octubre y Tagolaba, donde vecinos reportan anegamientos constantes. Además, la descomposición de residuos atrae vectores; roedores e insectos, y genera gases tóxicos, elevando el riesgo de enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas entre la población cercana.
Aunque en el marco de la Guelaguetza se activa un plan emergente de recolección con cuadrillas especiales que limpian tras cada evento, la ley municipal prevé sanciones de hasta 36 horas de arresto y multas de 15 mil pesos para quienes arrojen basura en la vía pública, una medida que solo se ha aplicado de forma esporádica en localidades como Santa Lucía del Camino. Sin embargo, colectivos ciudadanos y organizaciones ecologistas demandan que estas disposiciones se apliquen rigurosamente a hoteles, restaurantes y vendedores ambulantes, cuyos envases de unicel y plástico de un solo uso representan una proporción creciente de los residuos
Además, los márgenes del río Atoyac y de otros afluentes se han convertido en vertederos informales, donde recolectores privados depositan desechos sin autorización, dañando ecosistemas y poniendo en peligro a quienes consumen agua de forma directa
Alrededor de los 385 tiraderos clandestinos de residuos, de los cuales más del 60% operan sin ningún control sanitario ni ambiental, y apenas entre el 7 y 10% de los desechos se recupera mediante reciclaje informal. Mientras los centros integrales de residuos (CIRRSU) prometen entrar en operación a mediados de 2025 con una inversión federal superior a 500 MDP, el éxito de estas infraestructuras dependerá de la voluntad municipal para regular y financiar el manejo adecuado de los residuos, así como de la ciudadanía para depositar sus desechos en sitios autorizados.