La violencia feminicida en México sigue mostrando un panorama alarmante y devastador. Casos como los de Abril Pérez Sagaón, asesinada tras denunciar violencia de género, o Fátima Aldrighetti, una niña de 7 años brutalmente secuestrada y asesinada en 2020, se han convertido en símbolos de la falta de respuesta oportuna de las autoridades y de la impunidad estructural que impera en el país. El feminicidio de Debanhi Escobar en 2022, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Nuevo León, reveló fallas en la investigación inicial. Más recientemente, los asesinatos de Karla y Valeria Márquez en Jalisco, esta última durante una transmisión en vivo y el caso de las tres niñas y su madre en el poblado Miguel Aleman han encendido las alarmas sobre el uso de armas largas y la presencia de crimen organizado como factores agravantes. Y estos son, solo algunos ejemplos.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2023 se registraron 3,476 feminicidios en México, una cifra que equivale a 5.5 asesinatos por cada 100,000 mujeres. Esta violencia se ve alimentada por la cultura machista, la falta de acceso a la justicia, la impunidad y la insuficiencia de políticas públicas efectivas.
Especialistas y organismos de derechos humanos señalan la necesidad de acciones urgentes y coordinadas: desde fortalecer los mecanismos de protección a víctimas, mejorar las investigaciones judiciales, hasta implementar programas educativos que desmonten estereotipos de género. Y reforzar la prevención contra el consumo de drogas.