Ambientalistas exigen rechazo a nueva Manifestación de Impacto Ambiental de proyecto portuario

Ante las deficiencias técnicas, las irregularidades en el procedimiento y las consecuencias irreversibles que provocaría la muerte del humedal más importante del Pacífico mexicano y la violación de los derechos humanos de sus comunidades, el Colectivo Salvemos Cuyutlán exigió a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dra. Alicia Bárcenas, emitir una resolución negativa a la tercera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).  

A través de un comunicado oficial, el colectivo dio a conocer que el pasado 19 de octubre se realizó una reunión de trabajo con una subsecretaria y altos funcionarios de la SEMARNAT, donde se expusieron las graves fallas e incongruencias técnicas que amenazan con extinguir el ecosistema. 

Asimismo, se llevó a cabo un recorrido en lancha por los vasos I, II y III de la Laguna de Cuyutlán, donde expertas y defensoras comunitarias evidenciaron las inconsistencias técnicas de los análisis presentados por los promoventes.

Destacó que durante un espacio de diálogo, los defensores de la laguna expusieron ante los funcionarios los siguientes puntos nodales: 

- La omisión de más de mil años de legado histórico y arqueológico en los estudios del nuevo puerto.  

- El rechazo de las familias salineras y pescadoras a cualquier compensación económica a cambio de su modo de vida.

- El deterioro que ya vive el humedal, como la caída del camarón en Ventanas.

- La fragmentación del proyecto en múltiples MIA y obras sin cambio de uso de suelo, como los patios de contenedores.

Como medida alternativa se propuso apostar por la innovación logística mediante puertos secos interiores conectados por ferrocarril, lo que representaría una descentralización eficiente, un ahorro superior de inversión y la resolución de la supuesta saturación operativa de ASIPONA sin destruir humedales.

De acuerdo con el colectivo, durante el encuentro se argumentó desde la representación de la Subsecretaría, una supuesta limitación competencial bajo la premisa de que la dependencia "unicamente resuelve lo ambiental y no lo social", por lo que el colectivo manifestó su enérgico rechazo y dejó en claro que es jurídicamente insostenible disociar lo ambiental de lo social.