La invasión de zonas federales y el establecimiento de viviendas cerca de ríos, arroyos y vías del ferrocarril representan un problema de seguridad y vulnerabilidad para numerosas familias en Colima, principalmente en la periferia de la zona conurbada, donde además muchas carecen de servicios básicos como agua potable, electricidad y drenaje.

Aunque las autoridades desconocen cuántas familias habitan en estas condiciones, advierten que en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez existen al menos 31 colonias que colindan con el río Colima o los arroyos Manrique y Pereyra.
"Las personas ven un lugar libre cerca de un arroyo, algún río y van y construyen sus carpas, se empiezan a quedar ó construyen, pero cuando las lluvias vienen y la naturaleza pasa, no respeta, hay que respetar, hay que cuidar porque esas zonas son de altísimo riesgo". Señaló Ángel Durán Pérez, Asesor Jurídico de Víctimas.

De acuerdo con especialistas, algunos de estos asentamientos surgieron cuando todavía no existían los reglamentos actuales en materia de protección civil y desarrollo urbano, ni herramientas de prevención como los atlas de riesgos, por lo que el crecimiento de las ciudades se extendió hacia las márgenes de los cauces naturales.
A esta situación se suma la ocupación irregular de terrenos, donde familias conocidas como "paracaidistas" construyen viviendas en áreas cercanas a los afluentes y a las vías ferroviarias, sin que en muchos casos cuenten con las condiciones adecuadas de infraestructura y servicios.

"Las autoridades competentes, en este caso los ayuntamientos si es que se encuentran dentro de la ciudad, o también las autoridades federales que vigilan que estas zonas se encuentren libres de tránsito, libres de personas que estén ahí habitando, deben hacer inspecciones de manera constante y permanente". Agregó el especialista en derecho.
La permanencia en estos sitios incrementa su vulnerabilidad ante posibles inundaciones, crecientes de ríos y arroyos, además de otros peligros asociados con la ubicación de las viviendas. Ante este panorama, la falta de un registro preciso de la población asentada en estas zonas dificulta dimensionar el problema y establecer cuántas familias podrían requerir medidas de prevención, reubicación o atención prioritaria ante una emergencia, advierten especialistas.