Colima se ubicó entre las entidades del país con mayor proporción de población que tuvo que abandonar su vivienda por inseguridad delictiva, violencia o desastres naturales y de origen humano, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Según los resultados publicados en septiembre de 2026, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el 2.3 por ciento de la población de Colima dejó su vivienda por alguna de estas causas, lo que equivale a 16 mil 821 personas.
"Yo creo que esto de desplazarte por un tema de seguridad es un poco equiparable al secuestro, te secuestran la vida, porque tú tienes a tu familia, tu modo de vivir, a tus conocidos y demás y que un asunto tan exógeno a ti que y no puedes tener control bajo ninguna circunstancia, creo que es una de las situaciones más difíciles a las que te puedes enfrentar". Advirtió Sean Osmin Hamud Ruiz, Ex Vicepresidente Nacional de Canacintra.
Esta cifra coloca a la entidad en el tercer lugar nacional en desplazamiento forzado interno por estos motivos. Guerrero encabezó la lista, con el 3.4 por ciento de su población en esta situación, mientras que Morelos y Baja California Sur registraron el 2.4 por ciento, respectivamente.
Los datos reflejan que miles de personas en Colima se vieron obligadas a cambiar de residencia durante ese periodo, la mayoría de ellas (2.0%) por condiciones de inseguridad y violencia, mientras que otras (0.3%) por afectaciones relacionadas con fenómenos naturales y desastres provocados por la actividad humana.
"No solamente pensemos en los adultos, también en los menores de edad, si para un adulto va a sufrir un trastorno psicológico porque, claro que lo va a sufrir verdad, imagínate para un niño el trauma tan grande por tal situación". Refirió José Abel Saucedo Romero, Perito Acreditado y Criminólogo.
El desplazamiento forzado implica que las personas abandonen su hogar ante circunstancias que ponen en riesgo su seguridad o sus condiciones de vida, una situación que puede generar pérdida de patrimonio, separación de redes familiares y dificultades para acceder a vivienda, empleo y servicios básicos.