El Gobierno de Colima informó el despido de 229 personas que fueron basificadas en julio de 2021, el último tramo de la anterior administración dirigida por el ahora exgobernador José Ignacio Peralta.
Se trata, se afirmó, de personas que no cumplían con los requisitos mínimos para ser basificadas, sino que formaban parte del grupo político más cercano al exgobernador, expresó Víctor Manuel Torrero Enriquez, subsecretario de Administración.
"Y allegadas me refiero a situaciones incluso hasta de complicidades, situaciones de actos contrarios a lo que es el ejercicio del servicio público". (?) "Había gente que estaba en esta relación de basificados que no contaban ni con un año de antigüedad, tenemos cinco personas en esa situación, 9 personas que apenas tenían 1 año, otras 13 personas con 2 años".
"No es una cacería de brujas, son temas que de manera ordinaria la propia Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos nos obliga a cumplir", añadió Roberto Rubio Torres, consejero Jurídico del Gobierno del Estado.
El Gobierno de Colima interpuso denuncias por estos hechos: una, ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción en la que se denuncia a titulares de Secretarías, de organismos públicos descentralizados y al exgobernador José Ignacio Peralta, por presuntos actos que pueden ser considerados delito relacionados con hechos de corrupción en el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, falsedad de servidores públicos, tráfico de influencias y los que resulten.
También una denuncia de hechos ante la Contraloría estatal y una demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en la que se solicita la nulidad del convenio de basificación.
En el ejercicio 2021 no se habían presupuestado nuevas plazas de base, y menos 229.
"Y de manera, podríamos decir, coincidente, que de coincidencia pareciera no tener nada, están en lugares estratégicos en ciertas secretarías y subsecretarías entendemos para tener ellos ojos y oídos de lo que se esté haciendo y pues estarse ahí cuidando", comentó Rubio Torres.
Al concluir diciembre de 2021, estas 229 personas habrían cumplido los seis meses reglamentarios para ser inamovibles de sus puestos, entre quienes estaba incluso una persona que fungió como secretario de Estado.