Impulsan Ley Daryela para prevenir violencia institucional contra las mujeres en Colima

La capacitación en perspectiva de género para las y los servidores públicos que atienden a víctimas de violencia debe ser obligatoria, evaluable y contar con mecanismos de certificación, planteó Laura Helena Itzel Jiménez Galván, presidenta de la A.C. Mujeres en Acción Afirmativa, al presentar la propuesta de la llamada Ley Daryela durante la segunda edición del Parlamento Abierto de Mujeres Colimenses.

"La ley Daryela nace en memoria de Daryela Valdés Rocha una joven asesinada en 2023, una joven de 24 años y cuyo feminicidio pudo y debió evitarse pero la alarmante falta de perspectiva de género de quienes debían protegerla terminaron cortando la vida y justamente de ahí nace la Ley Daryela en Baja California".

La iniciativa busca prevenir la violencia institucional derivada de omisiones, negligencias o falta de preparación de las autoridades, así como evitar que una atención inadecuada contribuya a que la violencia contra las mujeres escale hasta su expresión más extrema: el feminicidio.

"Y en el Parlamento Abierto de Mujeres en esta segunda edición hago la propuesta de la Ley Daryela que es una adición de un capítulo al título tercero de organismos garantes, justamente para que la capacitación en perspectiva de género particularmente a quienes atienden víctimas de violencia deje de ser una acción deseable y se convierta en una acción obligatoria, vinculante, medible y evaluable para las y los servidores públicos".

La representante de Mujeres en Acción Afirmativa advirtió que las deficiencias en la atención institucional pueden convertirse en una barrera para las mujeres que buscan ayuda o protección ante situaciones de violencia.

"Las mujeres no debemos porque pasar por situaciones de omisiones o de negligencias, ni las mujeres ni ninguna persona, y justamente la Ley Daryela prevee esto lo que hace es erradicar la violencia institucional justamente para prevenir que escale a una violencia feminicida".

"Que el tema del trato, el tema de cómo nos dirigimos a una ventanilla de gobierno no sea una limitante para recibir una atención digna".

Jiménez Galván también señaló que existe una brecha entre los derechos y las garantías establecidos en las leyes y las experiencias de las personas que acuden a las instituciones públicas para solicitar atención.

"Hay una brecha muy dolorosa entre lo que la ley promete y lo que las personas víctimas viven, entonces justamente sabemos que existe rotación en el personal pero también sabemos que el buen trato, es decir, el tema de la voluntad o la empatía no tiene que estar condicionado".

Como parte de la propuesta, planteó establecer una capacitación técnica, obligatoria y estandarizada, acompañada de un proceso de certificación y evaluación; de acuerdo con lo expuesto, el personal de nuevo ingreso, incluidos quienes realizan servicio social, tendría un plazo mínimo de 90 días para certificarse y acreditar los conocimientos requeridos en la materia.

"Buscamos que la capacitación sea técnica, obligatoria pero también estandarizada por eso cuando hay rotación de personal o entra a servicio social se tiene un lapso mínimo de 90 días para poder certificarse y cumplir y además evaluarse en la materia".

"Justamente previendo que la rotación de personal no sea un impedimento para no tener los conocimientos técnicos, profesionales y estandarizados".

La propuesta busca que la preparación de quienes atienden a víctimas no dependa de cursos aislados o de la experiencia individual de cada trabajador, sino que responda a criterios comunes y verificables.