Personas con discapacidad enfrentan barreras en cárceles de Colima

En Colima, 49 personas privadas de la libertad tienen alguna discapacidad física y 93 personas con discapacidad psicosocial; sin embargo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 identificó deficiencias en la atención a esta población en centros penitenciarios del estado.

"Ha señalado la Comisión Nacional que tenemos, no solamente en Colima, sino en todo el país, una infraestructura sumamente deficiente que vamos ya no digamos que se necesitan no solamente para este tipo de discapacidad sino no hay rampas, no hay pasamanos, no hay baños accesibles".

REZAGOS EN SISTEMA PENITENCIARIO

Aunque el diagnóstico incluye un apartado sobre personas privadas de la libertad con necesidades específicas, sólo identifica deficiencias en la atención a esta población en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo.

"Los centros penitenciarios para acabarla de amolar no tienen especialistas, no tienen sus psiquiatras, el del cereso de Colima y Manzanillo no tienen psiquiatra, y con toda la justa razón el personal de Secretaría de Salud se niega a asistir porque no le dan de por sí cabida a la consulta que tienen externa, mucho menos si lo mandan a un centro penitenciario a dar atención".

Cabe señalar que el estado de Colima obtuvo una calificación global de 6.70 respecto al diagnóstico penitenciario, un resultado apenas por encima de la calificación reprobatoria, lo que pone de relieve la necesidad de revisar las condiciones de atención y garantizar que las personas privadas de la libertad con discapacidad cuenten con instalaciones accesibles y servicios adecuados a sus necesidades.

"De hecho la propia ley refiere que no deberían estar en sistema penitenciario, repito, en primer lugar están vulnerando los derechos humanos de los enfermos mentales en el que esté el centro penitenciario y existen otras alternativas de reinserción social para aquellas personas que son invidentes, etcétera".

La falta de infraestructura accesible y de atención especializada evidencia una deuda pendiente del sistema penitenciario con las personas con discapacidad; mientras no se transparenten las condiciones y los servicios que reciben, queda sin respuesta si los centros de Colima garantizan una estancia digna o si esta población enfrenta mayores obstáculos para ejercer sus derechos dentro de prisión.