A partir del 26 de noviembre de 2018 los terrenos que albergaban a la ex zona militar de aproximadamente 15 hectáreas, pertenecen al Gobierno del Estado de Colima. Un mes antes de que concluyera la LVIII legislatura, el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, solicitó un crédito bancario por 410 millones de pesos, que justificó al señalar que 200 millones de pesos serían utilizados para el pago del predio en donde se encontraba la 20ª zona militar en Calzada Galván.
Posteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que se trató de una donación, la entrega de los terrenos ubicados sobre Calzada Galván. Tras una auditoría realizada por el OSAFIG en 2019, se determinó que, el gobierno violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la carta magna local y la ley de disciplina financiera, al dar otro destino del autorizado a los recursos económicos del crédito contratado por el gobierno al amparo del decreto 617. Por lo anterior, el ejecutivo fue citado a comparecer ante los diputados locales para explicar lo ocurrido.
Ahí, el mandatario estatal explicó que, desde el punto de vista jurídico se manejó como un intercambio de donaciones, pero el estado pagó cerca de 500 millones de pesos por el predio y bienes distintos a la tierra de lo que fue el cuartel de la 20ª zona militar. La SEDENA se comprometió a realizar los trámites para poner a disposición del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el predio a fin de que fuera retirado de su servicio y lo entregaría a título gratuito al gobierno estatal una vez que hubiera concluido la construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones de la 20ª zona militar en Loma de Fátima, y se le obligaba además a entregar a la Sedena la cantidad de 439.5 millones de pesos que es la cantidad que resultó de la valuación del predio de Calzada Galván. Cabe señalar que el caso sigue generando dudas en la población y aún está sin concluir.
Por otro lado, en abril de 2018, Peralta Sánchez instaló la Comisión de Planeación y Desarrollo de la Calzada Galván con el propósito de definir el futuro de los terrenos de la ex zona militar, integrada por representantes de cámaras empresariales, además de colegios de profesionistas como; notarios públicos, arquitectos, valuadores e ingenieros civiles, académicos, entre otros. Para ello se han realizado; talleres, foros, charlas y la recepción de proyectos. Y a pesar de que la fecha límite para definir el proyecto que constaría de cinco etapas como: organización y planeación, diagnóstico y situación actual y futura, era para el 2019, a la fecha no se ha mencionado nada del tema.