Acusan de narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya en Estados Unidos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, son acusados por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico y delitos relacionados con armas. 

Los acusados, presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, informaron este miércoles la apertura de una acusación formal por tráfico de drogas y portación de armas contra:

• Ruben Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa.
• Enrique Inzunza Cázarez, Senador de la República.
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa.

• Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal General del Estado de Sinaloa.
• Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación.
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo", trabajador de la Fiscalía de Sinaloa.

• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad en Sinaloa.
• José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado", exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
• Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán.

• Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán. 

Millan también enfrenta cargos por delitos relacionados con su participación en el secuestro de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y un familiar de este.

Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluyendo al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Complicidad de autoridades permitió que el cártel actuara con tranquilidad

Las autoridades de Estados Unidos aseguran que el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito si no hubiera políticos y funcionarios policiales corruptos. "El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia", menciona el comunicado"

"El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro", declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. "Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley".

Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más violentas del mundo 

Aseguran que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial. Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha colaborado con elementos criminales de todo el mundo productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, narcotraficantes y políticos corruptos en Centroamérica y Sudamérica, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos y causar graves daños a comunidades en todo el país. El Cártel también ha perpetrado actos de violencia desenfrenada, incluyendo miles de asesinatos, en México y otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.

"Para proteger y expandir este imperio del narcotráfico, el Cártel presuntamente se ha aliado con políticos y funcionarios policiales corruptos, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto a las víctimas y sometido a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos. De hecho, ciertos agentes de policía en México, incluyendo, según las acusaciones, a algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y represalias del Cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del Cártel y el secuestro de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación".

Los acusados en esta acusación formal son funcionarios gubernamentales o policiales, actuales y anteriores, de Sinaloa. Según la acusación, cada uno de ellos participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos asegura que los acusados desempeñaron diversas funciones esenciales para el Cártel: entre otras cosas, presuntamente protegieron a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar las actividades delictivas del Cártel; ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos; y permitieron que miembros del Cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias. A cambio, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Los funcionarios facilitaron operaciones de "Los Chapitos" 

El gobierno estadounidense asegura que el gobernador y los funcionarios han estado estrechamente vinculados a la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", exlíder del Cártel, conocidos colectivamente como los "Chapitos".

"Los acusados han operado en todos los niveles del gobierno y las fuerzas del orden en Sinaloa, abusando de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos. Presuntamente "Los Chapitos" ayudaron aque fuera elegido en elc argo Rocha Moya como Gobernador de Sinaloa, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos". 

"Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos provenientes del narcotráfico. Por ejemplo, Zaavedra, Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, recibía aproximadamente 11,000 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos y, a cambio, protegía a miembros del cártel de ser arrestados e informaba a los Chapitos sobre operaciones policiales planeadas con apoyo estadounidense". 

"Algunos de los acusados también están acusados de haber participado directamente en la campaña de violencia y represalias del cártel. Por ejemplo, Millán, un alto mando de la Policía Municipal de Culiacán, presuntamente recibía más de 1,600 dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos. A cambio, Millán les otorgaba a los Chapitos acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de dicha fuerza para ayudarlos a mantener su control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos. Aproximadamente en octubre de 2023, MILLAN presuntamente ayudó a los Chapito a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de dicha fuente, a quienes los Chapito torturaron y asesinaron posteriormente, porque se sospechaba que la fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación".