Analizan vigencia de la licencia de Juan de Dios Gámez como alcalde

La regidora Erika Sánchez pidió declarar la falta absoluta del alcalde y notificar al Congreso; el secretario del Ayuntamiento sostiene que el acuerdo aprobado el 1 de mayo continúa vigente.

La situación jurídica de la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil abrió una discusión en el Cabildo de Culiacán, luego de que la regidora Erika Sánchez Martínez solicitara revisar el permiso al cumplirse seis meses de su aprobación y definir si corresponde declarar la falta absoluta del alcalde.

El secretario del Ayuntamiento, Ernesto Peñuelas Castellanos, aseguró que el acuerdo aprobado por unanimidad el 1 de mayo continúa vigente, pues la licencia fue solicitada y autorizada por un periodo mayor a diez días, sin que se estableciera una fecha de vencimiento.

"Hay un acuerdo del primero de mayo de la licencia, la cual fue planteada en términos constitucionales y también de acuerdo a la ley de gobierno municipal mayor a 10 días. En ese sentido, el Cabildo la aprobó por unanimidad y la votó. Entonces, es una licencia que se mantiene vigente porque es un acuerdo de Cabildo", declaró.

El funcionario explicó que, durante esa misma sesión, los integrantes del Cabildo designaron a la entonces síndica procuradora, Ana Miriam Ramos Villarreal, como presidenta municipal provisional. Añadió que no se ha presentado ni solicitado una nueva licencia por parte de Ramos Villarreal y que su nombramiento permanece vigente.

Erika Sánchez pide definir la situación jurídica

El planteamiento de la regidora del PRI se presentó durante la sesión de Cabildo del 30 de octubre, cuando entregó un escrito para que se analice la situación del alcalde con licencia. Sánchez argumentó que el artículo 148 de la Constitución Política de Sinaloa establece que ninguna licencia puede concederse por más de seis meses.

La disposición señala textualmente: "Ninguna licencia por motivo alguno, podrá concederse por más de seis meses".

Con ese fundamento, la edil pidió que, si el Cabildo determina que se actualizó una falta absoluta, se notifique al Congreso del Estado para que designe a quien concluya el periodo de Gobierno municipal. También solicitó una resolución expresa y una copia certificada del acuerdo que se tome.

"Ningún funcionario, ninguna administración, ningún gobierno municipal puede estar por encima de la Constitución de nuestro Estado", expresó Sánchez durante la sesión, de acuerdo con información publicada por Noroeste el 30 de octubre.

Dos días después, durante la presentación del segundo informe de Gobierno municipal, la regidora volvió a cuestionar la continuidad de la administración sin Gámez Mendívil. Afirmó que el Ayuntamiento ha operado en "piloto automático" durante los seis meses de ausencia y sostuvo que la ciudad enfrenta decisiones detenidas y falta de coordinación.

Sobre el plazo de la licencia, reiteró que, si el alcalde no se reincorpora, debe analizarse la falta absoluta. "Al rebasarse el umbral de los seis meses, sin que el funcionario se reincorpore jurídicamente, se extingue la temporalidad, los seis meses, y se abre paso al procedimiento para declarar una falta absoluta", señaló.

El escrito será revisado por integrantes del Cabildo

Peñuelas Castellanos confirmó que el documento de Sánchez fue recibido durante la sesión del viernes y que los integrantes del Cabildo deberán examinar los argumentos expuestos por la regidora.

"Ella entregó ahí a los integrantes de Cabildo un escrito, un documento donde en su análisis ella expone algunos argumentos y ahí mismo lo prevé para que se examine", explicó.

El secretario no adelantó si el análisis derivará en una nueva votación, un dictamen o algún otro procedimiento. Tampoco estableció una fecha para que el Cabildo emita una resolución.

Por su parte, Ana Miriam Ramos Villarreal señaló que modificar la licencia, ya sea para hacerla definitiva o mantenerla, corresponde al propio Juan de Dios Gámez Mendívil.

Hasta el momento, la discusión se mantiene en el ámbito del Cabildo. La interpretación sobre el alcance del acuerdo del 1 de mayo y la aplicación del límite de seis meses previsto en la Constitución estatal no ha sido resuelta mediante una determinación del pleno.