Ley de Voluntad Anticipada establecerá mecanismos para respetar decisiones de pacientes terminales
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como la de Salud del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen que expide la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa y adiciona disposiciones a la Ley del Notariado, con el propósito de reconocer el derecho de las personas con enfermedades terminales a decidir sobre los tratamientos médicos que desean recibir al final de su vida.
La propuesta establece que toda persona en fase terminal o desahuciada tendrá derecho a morir de manera natural, sin prolongar su agonía mediante tratamientos médicos desproporcionados o procedimientos que mantengan artificialmente sus funciones vitales.
Diagnóstico médico y requisitos para expresar la voluntad
El dictamen señala que el diagnóstico de una enfermedad terminal, incurable e irreversible deberá sustentarse en datos objetivos, contar con la certificación del médico tratante y ser ratificado por un segundo especialista. Esta información deberá quedar registrada en el expediente clínico del paciente.
Asimismo, establece que el documento de voluntad anticipada deberá expresar la decisión personal, libre, consciente, inequívoca e informada del interesado ante un notario público. Entre sus disposiciones podrá incluir sus valores personales, objetivos de vida e instrucciones sobre los tratamientos terapéuticos que desea recibir o rechazar, incluidos aquellos de carácter experimental.
También deberá constar por escrito, llevar el nombre y firma del interesado e incluir el nombramiento de un representante encargado de vigilar el cumplimiento de las decisiones establecidas. Además, permitirá manifestar la disposición de donar órganos susceptibles de trasplante.
Notificación a autoridades de salud y casos especiales
El documento deberá registrarse ante notario público, quien tendrá un plazo máximo de tres días para notificarlo a las autoridades sanitarias. Cualquier modificación posterior tendrá que cumplir con los mismos requisitos establecidos en la legislación.
La iniciativa contempla procedimientos especiales para personas que hablen alguna lengua indígena, tengan discapacidad auditiva o visual, o no sepan leer ni escribir. También establece que, cuando el paciente esté imposibilitado para elaborar y firmar el documento, podrán hacerlo determinados familiares mayores de edad.
La propuesta contempla 58 artículos distribuidos en seis capítulos y siete transitorios. Además, adiciona la Ley del Notariado para incorporar este servicio y establecer el arancel correspondiente.
El proyecto retoma dos iniciativas: una presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS) en la 64 Legislatura y otra por los diputados de Morena Juana Minerva Vázquez González y César Ismael Guerrero Alarcón.
