El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción hizo un llamado urgente a fortalecer la transparencia y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de obra pública a desarrollarse con el más reciente crédito aprobado por el Congreso del Estado al gobernador Rubén Rocha Moya.
Los integrantes señalaron que la sociedad exige una participación activa para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en el uso de los recursos públicos, sobre todo en lo concerniente a la obra pública, puesto que es una de las contrataciones más vulnerables de riesgos de corrupción, de acuerdo con el Índice de Fuentes de Soborno, de Transparencia International.
Por lo anterior, exhortaron a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado de Sinaloa a transparentar los estudios presentados para demostrar la viabilidad financiera del Gobierno para asumir el nuevo endeudamiento de 2 mil 200 millones de pesos.
Exigen conocer a detalle los criterios para determinar los proyectos de obra o acciones a desarrollar, dónde y en que se ejercerán, así como los estudios costo-beneficio de la inversión antes referida.
Lucia Mimiaga, titular de CPC recalcó que los sinaloenses merecen estar informados en forma suficiente y oportuna sobre el destino de los recursos públicos, sobre todo en el caso de la contratación de los empréstitos que comprometen los ingresos públicos de los años venideros.
"Informamos que en enero de 2025 el Comité de Participación Ciudadana no obtuvo una respuesta favorable al solicitar al Congreso incluir en la llamada "Comisión de Vigilancia" una mesa de trabajo con organizaciones ciudadanas y del ámbito académico, así como con colegios y cámaras que representan a los sectores productivos.
Al Congreso del Estado le ratificamos dicha solicitud para ejercer especial observancia en los 4 mil 500 millones de pesos a destinarse en obras públicas con dos créditos autorizados este año; asimismo consideramos urgente abrir un espacio de diálogo social en 2026 para fortalecer la Ley de Participación Ciudadana que incluya mecanismos democráticos que permitan a la sociedad votar sobre obras y acciones para destinar parte del presupuesto público" citó.