Congreso de Sinaloa frena iniciativas sobre violencia digital y política de género
Ante los cuestionamientos sobre el posible impacto en la libertad de expresión, las diputadas María Teresa Guerra Ochoa y Erika Rubí Martínez Rodríguez anunciaron la suspensión de dos iniciativas que buscaban regular la violencia política en razón de género y la violencia digital en Sinaloa.
La decisión fue informada este jueves durante una reunión con representantes de asociaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, quienes habían expresado preocupación por el alcance de las propuestas y su posible uso para limitar el trabajo periodístico o sancionar la crítica pública.
María Teresa Guerra, quien también preside la Junta de Coordinación Política del Congreso local, reconoció que los proyectos provocaron interpretaciones erróneas y algunas inquietudes legítimas, por lo que optaron por detener su trámite legislativo y replantear su contenido.
Guerra subrayó que el objetivo de las iniciativas era atender una realidad creciente: el uso de redes sociales para agredir, suplantar identidades o atacar a mujeres, en algunos casos con consecuencias graves como el suicidio en adolescentes. Sin embargo, aclaró que nunca se buscó censurar ni restringir la labor informativa.
Durante el encuentro, la presidenta de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, celebró la decisión y pidió que se revise a fondo cualquier intento de legislación que, aunque bien intencionado, pueda ser malinterpretado o vulnerar derechos fundamentales.
En el mismo sentido se pronunció el periodista y analista Alejandro Sicairos, quien advirtió que, en un contexto nacional donde algunos comunicadores han sido sancionados por su trabajo, es importante que el Congreso de Sinaloa actúe con sensibilidad y escuche a los gremios.
Erika Rubí Martínez, por su parte, señaló que la intención de ambas iniciativas era proteger a mujeres e infancias frente a agresiones digitales, pero reconoció que se deben revisar a fondo para evitar que terminen siendo utilizadas de forma equivocada.
Ambas legisladoras se comprometieron a abrir un proceso de análisis participativo, con mesas de trabajo abiertas a la sociedad civil, en el que se puedan revisar, modificar o incluso reemplazar por completo los proyectos originales.
