Diversas organizaciones de abogados aclaran que la consulta a realizarse en los próximos días para definir la construcción de la planta de amoniaco no responde a una decisión del gobierno federal ni estatal, sino que deriva de una resolución judicial atendiendo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
De acuerdo con el Presidente de la Federación de Asociaciones, Colegios y Barras de Abogados de Sinaloa, una situación asÍ no tenía precedente, por lo que fue aprovechada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para equiparar este ejercicio con las consultas mediáticas que ha impulsado para sus proyectos emblemáticos como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, sin embargo en este tema de la planta de fertilizantes va focalizado a un grupo en especifico y no de manera populista como acostumbra el gobierno federal.
Por su parte, el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, agregó que aunque no es este el caso, sí es alarmante que el gobierno federal quiera manejar todo bajo consultas, sin asumir la responsabilidad de su cargo.
En ese sentido, los abogados coinciden que es necesario regular el tema de las consultas, y dejarlas exclusivamente cuando se trata de una resolución judicial y no de caprichos presidenciales.