El Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que el acuerdo en los procesos penales de exfuncionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es una decisión exclusiva del Poder Judicial y que el Gobierno del Estado no interviene. Explicó que las leyes permiten mecanismos alternativos para agilizar la justicia y garantizar la reparación del daño.
Durante la conferencia de la Vocería Estatal, detalló que la suspensión condicional del proceso se basa en el artículo 17 de la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 191 al 200. Además, confió en que el proceso se desarrolle conforme a la ley y resaltó que la comunidad universitaria se beneficiará con la nueva Ley Orgánica de la UAS.
En una audiencia realizada el martes 28 de enero, un juez determinó que los integrantes del Comité de Adquisiciones de la UAS deberán pagar 20 millones de pesos en seis meses para suspender los procesos penales en su contra. El monto se dividirá en dos partes: 10 millones para quienes formaron parte del Comité en la rectoría de Juan Eulogio Guerra Liera y 10 millones para los de la gestión de Jesús Madueña Molina.
Los integrantes involucrados son Héctor Melesio Cuen Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Salvador Pérez Martínez, Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar Navarro e Ismael García Castro.