Durante 2017, el primer año de Quirino Ordaz Coppel, tuvo un desastre financiero en la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Secretaría de Administración y Finanzas.
La Auditoría Superior de la Federación registró posible daño a la Hacienda Pública por 386 millones 759 mil 941 pesos sobre cuatro programas relacionados con el rubro de educación:
Uno de ellos es el de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por 212 millones 689 mil 41 pesos.
La principal observación es tras detectar el pago de 607 servidores públicos que no fueron localizados en sus centros de trabajo y de los cuales no se proporcionó la justificación de su ausencia. Es decir, en la Secretaría de Educación Pública y Cultura podría tener 607 aviadores.
Otros programas con pendientes financieros son el de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica, el programa de Escuelas de Tiempo Completo y el programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
En este último se detectó un posible daño a la hacienda pública por más de 120 millones de pesos, siendo un préstamos a la Universidad Autónoma de Sinaloa que se hizo por Gobierno del Estado la principal observación.
La razón es que esa financiación se realizó con recursos del programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación 2017, cuando los Convenios Federales estipulan que las aportaciones se deben efectuar con recursos estatales.
El reporte de la Auditoría es el tercero y último que se programó para Sinaloa, del cual se derivaron 23 pliegos de observación y una promoción del ejercicio de comprobación fiscal que no han sido resueltos, solo sobre el rubro de educación.
Además, la Auditoría auditó a la Universidad Autónoma de Sinaloa y las participaciones federales para los municipios de Culiacán y Mazatlán.