Jubilados de Universidad exigen audiencia con Gobernadora y agilizar demanda laboral colectiva

Exigen una audiencia con la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava

Integrantes de la Asociación de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) acudieron al Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, y solicitar avances en la demanda laboral colectiva que interpusieron contra la institución por presuntas afectaciones económicas a sus pensiones.

Berzahí Osuna Enciso, asesor jurídico y político de la asociación, explicó que el pasado 5 de agosto presentaron una demanda ante el Tribunal Laboral, en representación de mil 323 trabajadores activos y jubilados. Sin embargo, aseguró que, pese a las gestiones realizadas, no han recibido respuesta a sus solicitudes de audiencia ni avances en el procedimiento judicial.

Reclaman falta de respuesta y retraso judicial

Osuna Enciso detalló que el 25 de agosto solicitaron formalmente una reunión con Domínguez Nava, pero, después de más de 40 días, no habían obtenido respuesta. Asimismo, señaló que el 1 de septiembre se reunieron con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien les informó sobre medidas administrativas para agilizar la revisión de la demanda.

No obstante, afirmó que, a más de dos meses de su presentación, todavía no se había emitido el acuerdo de admisión. Por ello, anunció que también acudirían al Palacio de Justicia para solicitar atención de las autoridades judiciales.

Denuncian descuentos de hasta 20% en sus pensiones

El representante jurídico sostuvo que, desde enero de 2026, los jubilados enfrentan descuentos de hasta 20 por ciento en sus pensiones, además de la eliminación de la prima vacacional del contrato colectivo de trabajo. Consideró que los cambios contractuales se realizaron sin cumplir los requisitos correspondientes.

Respecto al dinero descontado, estimó que la recaudación podría oscilar entre 18 y 20 millones de pesos quincenales, cifra superior a los 14 o 15 millones que, aseguró, se habían reportado públicamente. Cuestionó el destino de los recursos y pidió transparencia sobre su utilización.

Por su parte, Gloria Amelia Barrera Díaz, jubilada de la UAS desde hace una década, manifestó que las deducciones afectan su capacidad para cubrir gastos básicos, como alimentación, servicios públicos y medicamentos.

La trabajadora, de 70 años, pidió a la gobernadora atender sus demandas y considerar las dificultades económicas que enfrentan los jubilados, quienes aseguran que los descuentos comprometen sus ingresos y calidad de vida.