Esta hostilidad es la que han vivido desde hace nueve meses los reporteros que tratan de documentar el avance de la ola de violencia en Sinaloa.
Desde el pasado nueve de septiembre a la fecha al menos 60 periodistas tuvieron que ser atendidos por el Instituto Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Como medida de protección el Instituto tuvo que sacar del Estado a dos periodistas cuya integridad se veía amenazada.
Entre las agresiones registradas se encuentran; amenazas con arma de fuego, intimidación, ataques a medios de comunicación con arma de fuego, censura, daños a la vivienda, obstaculización de la labor periodística y más.
Quienes han seguido de cerca el conflicto entre grupos delincuenciales en Sinaloa han sido testigos de primera mano de la violencia que ha imperado en la entidad, y se han encontrado constantemente en situaciones hostiles en las que las amenazas provienen tanto del crimen organizado como de las autoridades.
El periodista José Manuel Salas admite que los últimos meses su jornada laboral ha estado cargada de miedo, pero ha sobresalido el sentido de responsabilidad de informar a la población sobre el conflicto que se desarrolla en la entidad.
Menciona además sentir una preocupación personal ante la posibilidad de que una crisis de inseguridad pueda repetirse en un futuro en el Estado, y no haya periodistas comprometidos con la información por sobre las amenazas.
Hay que mencionar que el Instituto Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos ha propuesto la creación de una Fiscalía de Protección a Periodistas, pero hasta la fecha no parece haber voluntad política para llevar a cabo el proyecto.